La 'okupación' se vuelve un negocio por la permisividad administrativa

La okupación ha dejado de ser la opción ideológica que se reivindicaba antes de la crisis para convertirse en un fenómeno en el que el movimiento okupa ha quedado relegado. Tras años de permisividad social con este tipo actuaciones, hoy el fenómeno de la ocupación está protagonizado especialmente por mafias, por ocupantes que no lo necesitan, y, en menor medida, por familias en riesgo de exclusión social a la que la administración no ha dado una solución. Puedes leer todo el reportaje en la revista Catalunya de este mes.

De acuerdo con un informe del Institut Cerdà, en España hay 87.500 familias establecidas en un domicilio contra la voluntad del propietario, lo que se traduce en que existe un total de 262.500 personas ocupando pisos ilegalmente de las que solo un 30 por ciento-según fuentes inmobiliarias- justifican una necesidad real. Las mafias y los okupas entran en pisos particulares, con el consiguiente perjuicio para ellos.

Asimismo, cada vez se producen más denuncias por problemas de convivencia. A finales de abril, se destaparon las denuncias de un grupo de inquilinos de vivienda protegida en Hospitalet, en la Ciudad de la Justicia, que explicaron que los okupas que vivían en el mismo bloque incluso les amenazaban. Estos inquilinos denunciaban que llas mafias que estaban detrás buscaban expulsarles, lo que podría permitirles okupar todo el edificio.

Los vecinos no han recibido todavía una respuesta, pero casos como este han impulsado el debate de que es necesario llevar a cabo una reforma legal, que ponga punto y final a la multiplicación de okupaciones. Además, estas degradan los barrios donde se multiplicad y reduce el valor de las viviendas okupadas, forzando a sus propietarios a malvender.

Este boom arranca con la permisividad de la ocupación durante la crisis económica. El aumento de los desahucios hipotecarios y la falta de una respuesta pública ágil, facilitó el auge de plataformas y asociaciones que instaban a la ocupación por causas económicas. Una de las más conocidas es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que se ha desmarcado de aquellas okupaciones a pequeños propietarios, que se han multiplicado.

Dificultades judiciales

Una de las quejas más recurrentes de los pequeños propietarios víctimas de este fenómeno es la dilatación del proceso judicial, que de media puede durar dos años, según explica el coordinador de la Comisión Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Isidro García. García lamenta, además, que la legislación actual no cuente con un proceso muy específico: "Se puede ir a través de procedimientos como el desahucio en precario o el interdicto, aunque no sea exactamente lo que está demandando". También existe el procedimiento ordinario, que siempre es posible, aunque es el más largo y engorroso para el denunciante.

Isidro García explica que en la legislación actual, las 24 primeras horas son cruciales: "Es importante llamar a la policía cuanto antes, para demostrar que todavía no hay signos de establecimiento en el domicilio". La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró afirma que esto crea mucha inseguridad a los cuerpos de seguridad y autoridades: "Depende de si el Mosso está dispuesto o no y de si el juez correspondiente avala esta decisión o no". El Partit Demòcrata está preparando una reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Los impulsores del texto, que se ha llevado a cabo con el apoyo y asesoramiento del Icab, consideran que protegerá al pequeño propietario: "No puede ser que una persona que tenga una segunda residencia se vea perjudicada o que una casa social no se pueda dar a una familia vulnerable porque está ocupada", afirma Ciuró.

La reforma pretende reducir en un 50 por ciento el tiempo desalojo. "Teniendo en cuenta la situación de la justicia, en un año pueden estar fuera, y si todo va muy bien incluso mucho antes", afirma García. Además, la ley busca establecer un procedimiento específico en la legalidad española para las ocupaciones a viviendas de pequeños propietarios, entidades sociales y vivienda pública. El texto presentado por el PDeCAT en el Congreso recoge que "la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, ni la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda".

El documento desarrolla que parte de las ocupaciones tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad: "El juez debe avisar al ayuntamiento para que éste busque una salida a la familia con problemas. La idea no es dejar a nadie tirado en la calle", señala García.

Parte de estas familias vulnerables viven en este tipo de pisos como consecuencia de las personas que se dedican a tomar propiedades a la fuerza. En muchos casos, estos derechos de posesión del piso ocupado se venden o se alquilan a personas con necesidades límite, tal y como explica Lourdes Ciuró: "las mafias ocupan un piso y luego cobran a cambio de desalojarlo, también cobran por poner a disposición casas vacías o por ceder los derechos de posesión de una vivienda ocupada".

La PAH ha tachado la propuesta de "criminalizar la pobreza". El portavoz de la PAH en Barcelona, Carlos Macías, considera que en ningún caso incluye la obligatoriedad del realojamiento de la familia si es vulnerable y que fomenta la okupación: "es resultado de un problema estructural más profundo".