Colau llega a las municipales con sus objetivos incumplidos

Barcelona en progrés es una web que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insertó la semana pasada dentro de la página institucional del Ayuntamiento donde recopila las acciones que se han llevado a cabo en la capital catalana. Una enumeración donde, por cierto, las actuaciones económicas están en el último apartado.

El gesto no ha estado exento de críticas: el grupo municipal de Esquerra Republicana ha preguntado el motivo y el coste de la página, así como "por qué se utiliza la web institucional para hacer propaganda electoral". Ernest Maragall, alcaldable por ERC, reprocha que lo "intenta hacer pasar por información objetiva" cuando, en realidad, son "ejemplos de propaganda desde una institución pública. Se habla de futuros inciertos y se presentan como si fueran realidades conseguidas en este mandato".

De hecho, repasando el programa electoral de Barcelona en Comú -el partido que encabezaba Colau en los comicios municipales de 2015- y anuncios posteriores, queda comprobado que muchos de sus objetivos no se han hecho realidad.

También hay que tener en cuenta que el mandato de Colau se ha visto debilitado en su segunda mitad por la ruptura con el PSC, su inicial compañero de gobierno, a raíz del apoyo de los socialistas a la aplicación del 155 en Cataluña. La consecuencia: a finales de 2017, Colau se quedó solamente con sus 11 concejales, de un total de 41 que tiene el plenario, para intentar sacar adelante sus iniciativas.

Apoyo solo en unas cuentas

La falta de apoyos de Colau se ha plasmado en los presupuestos municipales. En cuatro años de mandato, solo acordó los de 2016. Tanto en 2017 como en 2018, se aprobaron automáticamente al superar la alcaldesa dos cuestiones de confianza -ante la falta de unidad entre la oposición-. Y las cuentas de este año están prorrogadas porque tampoco ha logrado consensos.

El PDeCat recrimina a Colau no "aprobar los presupuestos por la vía ordinaria. Es decir, en el pleno con una negociación y acuerdo con los grupos políticos. Y no con prórrogas, cuestiones de confianza o modificaciones del crédito".

La gestión presupuestaria de 2018 también ha sido polémica por el recorte de inversiones al constatar unos ingresos inferiores a los previstos. Según los datos actuales de la web municipal, las arcas públicas ingresaron 180 millones menos de lo que estimaba el presupuesto de 2018, y el gasto se vio reducido en 76 millones, lo que deja un balance negativo de 103 millones.

La moratoria frena 60 hoteles

La "masificación" del turismo ha sido uno de los caballos de batalla de Colau, pese a ser una de las grandes fuentes de ingresos para la ciudad. Barcelona en Comú frenó la concesión de nuevas licencias durante más de un año, mientras elaboraba el conocido como PEUAT, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, que impide nuevos hoteles en las zonas más céntricas. La consecuencia de la moratoria hotelera fue que unos 60 proyectos de hoteles se vieron frustrados: una treintena que todavía no habían iniciado los trámites y otros treinta que eran ideas en fase inicial, según fuentes del sector. Además, el consistorio de Colau ha justificado los actos bandálicos contra el turismo, y puso en pie de guerra a la restauración con la normativa de terrazas, que acabó matizando, auque persisten los roces.

Sin vivienda suficiente

El gran eje del discurso de Colau era la vivienda con precios de alquiler asequibles, cosa que escasea en Barcelona. Durante el último trimestre del año pasado, el precio medio de alquiler en Barcelona era de 948,86 euros, un 5 por ciento más respecto del mismo período de 2017.

En vista a la poca oferta, al exceso de demanda y a los precios que se disparan, Colau -cuando confeccionó el Plan para el Derecho a la Vivienda de Barcelona para los años 2016 a 2025- prometió 3.541 viviendas protegidas acabadas en 2020, en aras de aumentar el parque asequible en la capital catalana. A estas alturas solamente hay 661 viviendas protegidas incorporadas. Por otro lado, desde diciembre obliga a los constructores privados a dedicar a vivienda protegida el 30 por ciento de las nuevas promociones o grandes reformas -lo que ha frenado en seco los proyectos-, mientras hay 72 solares públicos que podrían albergar más de 4.000 viviendas, de los que solo 11 cuentan con las obras finalizadas.

Inseguridad

La ciudadanía barcelonesa ha amentado su preocupación por la seguridad, ante fenómenos como los narcopisos y el aumento de la delincuencia. Colau se escuda en que necesita más apoyo de los Mossos, mientras, a golpe de decreto, el miércoles pasado suprimió -aparantemente-la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona. Era una de sus promesas electorales, que se reforzó cuando pasó a formar parte de los pactos con la CUP a fin de que los anticapitalistas apoyaran las cuentas municipales.

Fuentes sindicales de este cuerpo de seguridad han criticado que se ha creado una nueva unidad con las mismas funciones, de forma que solo ha cambiado el nombre. Las mismas fuentes alertan de la precariedad de la Guardia Urbana y recriminan a Colau "no querer hacerse responsable de la seguridad en Barcelona".

Otra de las promesas de Barcelona en Comú para este mandato era conseguir "precios sociales" en el transporte público y un título llamado T-Ambiental, una tarifa plana que, por 50 euros al mes, permitiría al usuario acceder al metro, a los trenes de cercanías, al bus, a FGC, al tranvía, al Bicing y al coche compartido. En relación a las tarifas, a día de hoy los títulos son más caros que cuando Colau tomó el mando de la ciudad. Por ejemplo, el billete sencillo (de un viaje) costaba 2,15 euros y, ahora, 2,20, y la T-10 ha pasado de 9,95 a 10,20 euros.