El papel fiscalizador de Cataluña se acota a la recaudación y la vigilancia

El Tribunal Constitucional en su última sentencia sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Tributario catalán ha dejado muy claro qué competencias legislativas en materia tributaria tiene el Estado y cuáles Cataluña y, por extensión, las comunidades autónomas de régimen común.

El Alto Tribunal ha desestimado que Cataluña goce de una normativa tributaria que se desarrolle en paralelo a la estatal, como sí ocurre con el sistema foral del País Vasco.

Así, las normas tributarias autonómicas de carácter general que regulen o contravengan aquellos preceptos de la Ley General Tributaria, serán inconstitucionales por invadir dichas competencias estatales y no serán aplicables a los tributos autonómicos propios catalanes ni a los estatales cedidos -Sucesiones, Patrimonio y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales- .

Entre los artículos contraley, el Constitucional tumbó entre otros preceptos del Código Tributario el que atribuía a la Generalitat la modificación del plazo que marca la Ley General Tributaria para la extinción de la deuda tributaria -establecido en cuatro años-.

Con una ley catalana ajustada a la constitucionalidad, la Agencia Tributaria Catalana (ATC) quedará acotada a su papel de recaudador de los impuestos propios y cedidos y al de vigilancia y control del fraude, aspecto al que ha destinado muchos recursos. El plan contra el fraude, con vigencia hasta 2022, prevé medidas para intensificar el control y detección de falsedades poniendo en marcha medidas como la publicación de listas de deudores tributarios, con una deuda o una sanción pendiente por un importe superior al millón de euros. La ATC, entre 2015 y 2018, incrementando la supervisión detectó 740 millones de euros de fraude en Cataluña.

Sin capacidad sobre la normativa estatal, la ATC se queda en un papel muy secundario por el volumen de recursos que gestiona. Los últimos datos disponibles, a 30 de junio de 2019, situaban la recaudación del primer semestre del año pasado en 1.538,7 millones de euros en tributos propios y cedidos, lo que supone un incremento del 3,5% en relación al mismo período de 2018.

En el cómputo anual de 2018, la agencia la ATC recaudó un total de 3.452 millones en concepto de tributos propios y cedidos, lo que representó un incremento del 6,1% respecto el 2017. En conjunto, los ingresos tributarios de la Generalitat en 2018 fueron de 23.196 millones, si se incluyen los anticipos del modelo de financiación y el resto de impuestos gestionados por el Estado y transferidos luego a la Generalitat.

El despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), creada en 2010, se intensificó en 2017 cuando se rediseñó su alcance para convertirla en una herramienta al servicio de la independencia de Cataluña. Para ello se le dotó de más recursos económicos y una red de cuatro delegaciones y 32 oficinas territoriales y de servicios tributarios y unas 169 correspondientes a la red de Tributs de Catalunya -que configuran ayuntamientos y entes locales-. Anteriormente, en 2016, las oficinas centrales se trasladaron del centro de Barcelona a la Zona Franca, donde se alquiló un edificio de 10.298 metros cuadrados, con capacidad suficiente para acoger la nueva dimensión de la ATC.

El propósito era ampliar la plantilla de funcionarios de la agencia de tributos de los 300 empleados a los 765 de finales de 2019, año en el que convocó una oferta de ocupación pública para 140 plazas nuevas para incrementar la plantilla un 17% hasta 2023.

Otro de los objetivos era centralizar el pago de impuestos de 182 corporaciones, consorcios, entes y entidades de la Generalitat, incluidos los estatales IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades correspondiente a estas empresas públicas u organismos autónomos. Un sistema de unificación de la política fiscal que anuló el Gobierno del PP durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El 'Govern' está pendiente de tener un modelo fiscal corporativo para las empresas públicas

No obstante, la Generalitat retomó a medidas de 2019 el diseño de un modelo de política fiscal corporativa con un protocolo de actuación homogéneo de las entidades del sector público respecto a sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El objetivo, según el acuerdo al que llegó el Govern, es ganar en eficiencia y ahorrar costes, para que los organismos y entidades se puedan beneficiar de la homogeneización de procedimientos y sistemas de gestión unificados, asesoramiento fiscal y otros servicios, así como de la compra y provisión centralizada de productos de las tecnologías de la información y de la comunicación.

La definición de esta política fiscal tenía que ultimarse durante el segundo trimestre de este año, pero la crisis sanitaria ha alterado los plazos previstos por la Generalitat.