Patronal y sindicatos dan por "restituido" el Diálogo Social tras la salida de Cs del gobierno de Castilla y Léon

Sindicatos y patronal consideran "restituido" el Diálogo Social tras la salida de Ciudadanos del Gobierno de la Comunidad y la convocatoria de elecciones por parte de Alfonso Fernández Mañueco, que se ha comprometido a negociar los complementos de los Erte y la extensión del Serla.

Así lo han señalado en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO en la Comunidad, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, y el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, quienes han comparecido tras la reunión.

En este contexto, Temprano ha señalado que todas las partes han puesto en valor el Diálogo Social en Castilla y León y reafirmado que esta "seña de identidad" de la Comunidad va a seguir "manteniéndose" y "con el modelo actual", que es algo por lo que siempre han abogado los agentes sociales y económicos y ha calificado de "positiva" la reunión, informa Ep.

A este respecto, Vicente Andrés, tras incidir el "ambiente muy favorable" en el que se ha celebrado en referencia a la reforma laboral acordada, ha incidido en que el Consejo se ha reunido con motivo del cierre del año pero también de la legislatura ante la proximidad de las elecciones, de cuyas "turbulencias" ha apuntado que históricamente siempre se intentado "aislar" al Diálogo Social para evitar que haya riesgo de que se utilice en beneficio "propio".

El líder de CCOO en la Comunidad ha explicado que se cierra la legislatura con el Diálogo Social "restituido", con el rescate de cosas perdidas y la ratificación de las partes de devolverle "a su estado natural", que es dar respuesta a los problemas de la ciudadanía y buscar el "bien general" independientemente de ideologías, algo a lo que ha recordado que están obligados por la Constitución y el Estatuto Autonomía.

En la misma línea, Santiago Aparicio ha insistido en que CEOE Castilla y León siempre ha dicho que son "fieles defensores" del Diálogo Social, que ha reconocido que "ha pasado por unos momentos complicados y delicados" pero que ha sobrevivido gracias al Estatuto, tras lo que ha recordado que para que se modifique el modelo actual tiene que haber "gran mayoría" para poder hacerlo, ahora el PP es un "defensor" del mismo y ha agregado que lo que tienen los gobiernos de coalición es que hay "otras ideas" y a veces llevan a actuar de diferente manera.

"Vamos a mirar hacia adelante", ha añadido Aparicio, quien cree que el Diálogo Social es la "mejor herramienta" para sacar adelante proyectos y programas para los ciudadanos y ha ratificado que el modelo sigue siendo el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dijo que era el "mejor" que había observado, al tiempo que ha abogado por recuperar su difusión en el exterior.

"Creo que vamos a salir reforzados de situación, el modelo va a seguir siendo el modelo que nos hemos dado y que tanto defendemos y creo que hay lealtad a este modelo", ha subrayado.

Posteriormente a la reunión, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, también se ha referido a este asunto en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta y ha asegurado que el Ejecutivo cree "firmemente" en el Diálogo Social como instrumento para favorecer el empleo, la prestación de servicios públicos en el territorio y la participación y propuesta de los agentes sociales y económicos en las actividades públicas de la Comunidad.

Acuerdos

En la reunión del Consejo del Diálogo Social, presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se ha aprobado la prórroga, hasta el 31 de diciembre del 2022, del acuerdo en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural.

El acuerdo prorrogado, que fue firmado el 15 de febrero de 2018 y se prolongaba hasta 2021, va dirigido a la población inmigrante de Castilla y León, que asciende a casi 143.000 personas.

El mismo integra el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia Intercultural y el IV Acuerdo de Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante de Castilla y León.

El primero de ellos constituye el marco de planificación autonómica en el que se establecen las directrices, programas, líneas de actuación y medidas específicas en materia de inmigración con el objetivo general de integrar a la población de origen extranjero y a la población autóctona en una sociedad donde se gestionen de forma positiva las diferencias. Comprende 79 medidas distribuidas en ocho áreas de actuación.

Por su parte, el IV Acuerdo de Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante recoge una serie de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y promover la integración sociolaboral de las personas inmigrantes y emigrantes en Castilla y León mediante actividades de información, asesoramiento y orientación dirigidas a la población inmigrante y emigrante de la Comunidad.

Además, se llevan a cabo acciones y programas para mejorar la empleabilidad de este colectivo y promueven iniciativas de investigación y sensibilización relacionadas con la población inmigrante.

Incumplimientos

Por otro lado, Temprano ha explicado en la reunión todas las partes han aludido al incumplimiento de los anteriores responsables de esta materia, ya que ha habido un informe del Consejo Económico y Social (CES) al que, desde la Junta no se ha dado ningún tipo de contestación, por lo que se ha acordado retomar este Plan dando contestación al informe y que vuelva otra vez a la mesa de negociación.

En cuanto a las políticas activas de empleo para 2022, ha explicado que la prórroga de los presupuestos no impedirá que el Papecyl, al estar firmado previamente, vuelva a la mesa de negociación para ver qué partidas económicas y qué puntos quedan aprobados para el ejercicio 2022.

Temprano también ha enumerado una serie de materias en las que ha habido incumplimientos y sobre las que hay que acutar como el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), los complementos a ERTE, que Vicente Andrés considera que requieren una "intervención urgente", y distintas comisiones como la específica de transición justa.

En cuanto al Serla, se ha acordado que la Junta nombre a los nuevos patronos que tienen que estar presentes en el Serla por parte de la Administración y que se apruebe el presupuesto de éste órgano para Valladolid para el ejercicio 2021 y, una vez solucionado esto, establecer un calendario para extenderle por el resto de Castilla y León. A este respecto, Aparicio ha apuntado al modelo de Aragón como referencia y hacia el que se debe de ir y ha pedido que se solucione el tema de los mediadores y estos cobren por solucionar problemas que ahorran mucho dinero al Estado.

En relación con los ERTE firmados en el último acuerdo, Temprano ha recordado que no estaban de acuerdo con el cumplimiento del decreto aprobado por la Junta y se va a retomar la negociación para darles la efectividad necesaria, dado que, como ha añadido Andrés, de 5 millones presupuestados se gastaron 400.000, "ni el 10 por ciento".

Otro de los aspectos que se han tratado en la reunión del Consejo del Diálogo Social ha sido el de la existencia de comisiones como la Mesa por León, la Comisión de Transición Justa o la Fundación Anclaje que deben mantenerse, pero dotándolas de contenido y convocándose cuanto antes.