Castilla y León escala siete puestos en el raking de Comunidades con un sistema fiscal más competitivo

Castilla y León se sitúa en el sexto puesto entre las Comunidades con un sistema fiscal más competitivo, según el Indice Autonómico de Competitividad Fiscal (AICF) de 2021, que sitúa a Madrid en primera posición y a Cataluña en último.

El informe, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, Tax Fondation de Washintong D.C., en colaboración con Friedrich Naumann, Fundación Civismo, el Instituto de Estudios Económicos, la Fundación Mariana y el Instituto Oström, analiza, compara y clasifica 19 modelos, y no solo de su fiscalidad, también de la capacidad de atraer inversiones y de crear empleo.

En el informe se constata que Castilla y León es la Comunidad que mayor salto da hacia una mejor fiscalidad y pasa del puesto número 13 que ocupaba en 2020 al 6 del pasado ejercicio tras la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En los últimos cuatro años, Castilla y León ha emprendido varias reformas. En 2018, es la única comunidad autónoma que aumenta la deducción por familia numerosa e incrementa la reducción por parentesco en el Impuesto sobre Sucesiones de doscientos cincuenta mil hasta cuatrocientos mil euros. No obstante, la mayor reforma del Impuesto sobre Sucesiones se produce en 2021 con la introducción de una bonificación del 99% para los herederos de los grupos I y II.

El informe recomienda no obstante reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos de forma inmediata con un tipo impositivo máximo del 20-21%; seguir reformando el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones reduciéndolo hasta el nivel de Cantabria, Andalucía o Galicia para el grupo I y aplicar al grupo III las mismas bonificaciones y reducciones que las que se aplicarán a los grupos I y II, para poder derogarlo finalmente.

Además propone derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100%. De no ser posible, aumentar el mínimo exento y equiparar la tarifa del impuesto a la estatal aplicada en el año 2020 y establecer el tipo de gravamen de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en el 0,5%-0,75% y el de Trasnmisiones Patrimoniales en el 6%.

Por último, reclama eliminar los impuestos propios autonómicos (Impuesto de Afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada e Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos).