Canarias demanda a Madrid que ejecute el Estatuto: vigilancia costera y gestión aérea

La ministra titular del Ministerio de Política Territorial es Carolina Darias. Su antiguo jefe es Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias. Antes de asumir el cargo en el Gobierno central, Darias era integrante de su gabinete como consejera regional de Economía. Torres ha pedido a Darias que acelere el traspaso de competencias que están previstas en el estatuto de las islas: aeropuertos, costas para vigilarlas y determinadas herramientas de acceso a la recaudación de tributos que actualmente están en manos de AEAT.

Canarias tiene un gobierno controlado por el PSOE con socios nacionalistas de NC, la antigua 'ala izquierda' de Coalición Canaria, y Podemos. Esas competencias que solicitarán pasan porque se valore "la lejanía que tiene Canarias y no tenga problemas de conectividad", lo que implica que tiene "actuaciones en el mercado de la competencia, español y europeo". Es decir: Torres ha querido alejarse de cualquier discurso soberanista. Apunta que es mejor controlar las costas desde Canarias que desde Madrid.

Canarias ha reclamado ocupar un asiento en el consejo de administración de Aena al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que prevé hacerlo también al presidente de la compañía, Maurici Lucena. El jefe del Gobierno canario ha apuntado esta semana que es optimista ante el aumento de control de determinadas competencia desde las islas a fin de defender de "una manera mucho más justa la insularidad" y el que hay que tener en cuenta las "peculiaridades de circunstancias para la conectividad, para las tasas aeroportuarias".

Casos: delitos de funcionarios y la inversión atascada de RIU

En 2019, la Audiencia de Las Palmas ha condenado a tres años cárcel al exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias José María Hernández de León, puesto por el PP, al considerar probado que autorizó ilegalmente la construcción de una playa artificial en la costa de Tauro, en el sur de Gran Canaria. La sentencia, que declara culpable a Hernández de León de un delito de prevaricación administrativa y de otro de falsedad en documento oficial, le impone además nueve años de inhabilitación para desempeñar empleos públicos y una multa de 3.600 euros. En febrero de 2016 dio vía libre al proyecto de creación de una playa artificial promovida por el grupo turístico Anfi en Tauro, lo hizo sin que los responsables de esa empresa hubiera cumplido varios requisitos previos que el Ministerio de Medio Ambiente les había exigido para iniciar la obra, argumenta.

Torres admite que les preocupan cuestiones como costas "de manera muy relevante" y hacienda, por lo que se solicitará que sean cuestiones que estén "en manos de Canarias pero con los recursos" pertinentes. En Canarias hay discrepancias con Costas por la lectura que se hace del marco legal. La Federación de Empresarios Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht) reclama que se salve las operaciones de RIU Hotels en el complejo Oliva Beach de Fuerteventura. Una teoría que cuenta con el apoyo de UGT, Intersindical Canaria y CCOO, la Federación de Hostelería y la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura.

A su juicio de la patronal canaria del sector hotelero en Las Palmas, peligran los trabajos por el "bloqueo que ejerce durante estos dos últimos años el Ministerio para la Transición Ecológica impidiendo la renovación y modernización de este obsoleto y deteriorado edificio, que cuenta con más de 40 años de actividad". Para la Feht, los trabajadores viven con angustia la posible pérdida de sus empleos, del que dependen más de mil familiares así como el resto de empleados indirectos, como los sectores del taxis, guaguas, restaurantes, comercios y empresas externas que prestan servicios al hotel.

La cadena Riu Hotels pidió en diciembre de 2017 autorización para la reforma y la modernización de este hotel, en el que trabajan 400 personas y al que se sumarían otros 50 empleos tras la remodelación, pero el expediente está bloqueado en la Dirección General de Costas sin que se sepan las razones, han denunciado los líderes sindicales. El hotel fue construido en la costa y está dentro del espacio protegido de las Dunas de Corralejo, pero desde septiembre de 2017 cuenta con una concesión administrativa para su explotación por 70 años más.