Exinversores de Popular centran la lucha en Europa en ser compensados

Los exinversores del Popular que han planteado batalla judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de intervenir el banco miran con escepticismo el transcurrir de la causa. El tribunal de Luxemburgo, único organismo que puede revertir una decisión tomada por una institución europea, mantiene abierto el proceso por los recursos presentados por parte de antiguos accionistas del Popular para dar marcha atrás a la intervención del banco y posterior compra por parte del Santander.

La sentencia, a finales de 2019

"Dar marcha atrás no es imposible, pero es muy difícil", reconoce una de la parte afectadas por el fin del Banco Popular y que batalla en el tribunal de Luxemburgo. La sentencia del TJUE se espera para finales de 2019 o principios de 2020, como muy tarde, una fecha en la que el Santander ya habrá absorbido por completo la entidad antes gobernada por Emilio Saracho. Por tanto, el principal objetivo de las acciones judiciales por parte de los antiguos inversores de la entidad se centra en conseguir una compensación adecuada por parte de la JUR y la Comisión Europea, las instituciones que decidieron resolver el Banco Popular. Las mismas fuentes consideran que si se logra una compensación, se darán por finalizados los asuntos.

La situación actual de la que era la sexta entidad del país a un año y tres meses de su caída tiene una difícil marcha atrás. El grupo cántabro ya ha reestructurado la mayor parte del negocio en distintas operaciones.

De un lado, ha traspasado el 80% del ladrillo del Popular al fondo Blackstone, ha reorganizado las alianzas en materia de seguros, tarjetas de crédito y cajeros, ha vendido la filial que tenía el banco en EEUU por 444 millones de euros y, entre otros pasos, ya ha integrado los servicios centrales con una reducción de plantilla de mil empleados. Además, el grupo prepara para inicios del año que viene la integración tecnológica de las sucursales, que conllevará más ajustes de personal, además de la reducción de oficinas. Banco Santander ha anunciado que la marca Popular desaparecerá a partir de junio de 2019.

Proceso congelado

De momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene congelado el procedimiento de reparación de daños a los antiguos accionistas, hasta resolver primero si da o no marcha atrás a la resolución de la entidad.

El gran handicap que tienen los distintos abogados para defender a sus clientes es la falta de información aportada por parte del Banco Central Europeo (BCE) y de la JUR sobre todo lo que envuelve al fin de la entidad. De hecho, el BCE se ha sumado a la práctica ya habitual de la JUR de facilitar algunos documentos, pero con parte de la información censurada.

La resolución del Popular afectó a 305.000 accionistas, que perdieron toda su inversión. No obstante, el Santander abrió un mecanismo de compensación para que los clientes minoristas recuperasen su dinero a través de la colocación de bonos a siete años.

En los meses previos a la resolución, el banco vivió una lucha interna por el poder y una sangría de los depósitos por parte de los clientes, que le dejó sin liquidez.