El hombre que incendió el Popular encabeza ahora las demandas

Una vez desaparecido Banco Popular, se empiezan a acumular los recursos, en España y en Luxemburgo, contra la decisión de hacerlo desaparecer. Entre los demandantes se encuentra el mexicano Antonio del Valle, cuyo papel en el banco, del que era accionista desde 2013, es todavía un misterio. Bruselas da luz verde a la venta del Popular a Banco Santander.

Para algunos fue sólo un inversor que se puso nervioso cuando vio cómo los más de 500 millones metidos en el banco iban perdiendo inexorablemente valor en el mercado. Para otros, entre los que se encuentra el anterior presidente, Ángel Ron, fue un especulador que hizo lo posible e imposible para que la acción se desplomara. Desde realizar interesadas filtraciones a algunos medios afines hasta intentar convencer a los bancos de inversión de la inminencia de una nueva ampliación de capital.

La intención sería doble: ganar dinero, mucho dinero, con sus posiciones cortas (las malas lenguas dicen que obtuvo más beneficio con ellas que la pérdida registrada con sus acciones) y poder hacerse con el control del banco por un precio ridículo.

Lo cierto es que Del Valle y el entorno de empresarios mexicanos que le han acompañado en su aventura en Banco Popular ya han interpuesto en los últimos días sus recursos contra la resolución del banco.

En la Audiencia Nacional, contra el Frob, pidiendo como medida cautelar la suspensión de la adjudicación, y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde el recurso carga las tintas contra la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke Köning, al considerar que sus declaraciones previas a la resolución precipitaron la crisis de liquidez del banco, la causa última de su abrupto final. El banco, considera, ni estaba en graves problemas ni, posiblemente, fuera a estarlo en un futuro.

Pero la relación del polémico magnate azteca en los tribunales no se limita a ser demandante. Contra él y el antiguo equipo gestor, con Emilio Saracho a la cabeza, ha dirigido la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Sus abogados, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, consideran que los últimos meses en el Popular hubo una "administración temeraria", sobre todo desde la celebración de la última junta de accionistas.

Piden que se investigue si hubo manipulación de la acción y la gestión del banco durante los últimos meses. Esta asociación, meses antes de la intervención del Popular, exigía a la CNMV que investigara si Del Valle estaba manipulando la acción de la entidad para provocar caídas.

Y es que las sospechas, nunca probadas por la CNMV, que del Valle estaba situado en cortos para sacar provecho de los recortes de la acción se repiten desde hace tiempo.

Ahora que la primera resolución europea de la historia eclipsa todo lo demás, no se puede olvidar que tras relevar a Ron nada de lo que se prometía se cumplió. El banco no recuperó la confianza del mercado. La mejor opción, vender con las menores pérdidas para los accionistas, fue una quimera. El banco, simplemente, se desintegró.

El consejo del Popular, cuyos miembros siguieron siendo depurados en los meses siguientes a la salida de Ron, escogió a Emilio Saracho como presidente. Un banquero de inversión (era uno de los tres vicepresidentes mundiales de JP Morgan) para resolver los graves problemas de un banco minorista. Sin experiencia en este tipo de entidades, fuentes del sector presuponen que desde el principio primaba un mandato de venta.

En la primera y última junta que preside, el 10 de abril, la acción recoge con recortes el desconcierto del mercado tras el mensaje lanzado por Saracho. Pinta ante sus accionistas un futuro difícil, aunque salvable para la entidad, que pasa por una nueva macroampliación o, como no, la venta a la competencia.

Tras ella, el mercado ya no da un respiro a la entidad. Y las decisiones polémicas continúan. Desde una compañía auditora dicen no comprender por qué Saracho anuncia unos ajustes, por 604 millones, de las cuentas de 2016. No son tan sustanciales como para reformular cuentas, pero la decisión convence a los inversores de que los números del Popular, y el volumen de activos improductivos, no es fiable.

Después de la resolución, Ron reaparece para acusar a su sucesor de hundir la acción. Asegura que Saracho afirmó que la acción estaba cara y que había que dejarla caer, aunque se asustara el mercado. Y el mercado y los clientes se asustaron. Y los depósitos huyeron. Y Del Valle se quedó sin banco.

Cerca de 6.000 accionistas recurren

Aemec, que agrupa a casi 4.000 accionistas del Popular, presentó este lunes ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) un recurso de anulación contra la decisión de la resolución de Popular. Además, el despacho que la representa interpondrá el 1 de septiembre un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Frob.

También impugnó la resolución el bufete Cremades y Asociados, que solicita una compensación equivalente al valor neto de los activos del Popular el 7 de junio. Para Rúa Abogados, que representa a más de 2.000 perjudicados, la vía europea podría permitir recuperar una parte del dinero.