DKV deja en el aire su continuidad en Muface, de la que dependen casi 200.000 funcionarios

Casi 200.000 funcionarios aún no conocen qué aseguradora se encargará de su cobertura de salud hasta finales de 2027. Y es que DKV agotará los plazos de presentación de ofertas por el concierto sanitario de Muface para manifestar su continuidad o, de lo contrario, su marcha del modelo. La resolución será el próximo miércoles, ya que el último día para acudir al contrato es mañana hasta las 23:59 horas de la noche.

Con el sí de Adeslas y de Asisa la pasada semana, el Gobierno prácticamente se aseguró la continuidad de Muface, ya que las dos entidades son las mayoritarias dentro del concierto. La compañía propiedad en un 50,01% por parte de Mutua Madrileña y lo restante por CaixaBank cuenta con 508.700 personas a cierre de 2023 –últimos datos disponibles–. Esto supone que casi una de cada dos personas adheridas a Muface suscriben su seguro de salud con Adeslas. Por parte de Asisa, la aseguradora propiedad del Grupo Lavinia cuenta con 363.900 personas, lo que corresponde a uno de cada tres personas.

Está también por ver si no hay ninguna otra aseguradora que se quiera adherir al concierto y que cumpla las condiciones mínimas para ello. Entre las candidatas se encuentra Mapfre, antigua participante de Muface y Axa, que no estaba de forma directa en la mutualidad, sino que le vino heredado tras la compra del Igualatorio Médico de Cantabria.

De lo contrario, esos 200.000 funcionarios que ahora mismo están con DKV en Muface tendrán dos opciones: optar por las compañías que permanecen en el concierto –Adeslas o Asisa–, o bien marcharse a la sanidad pública cuando se habilite el plazo, que será durante un mes desde la formalización del contrato.

DKV ha sido, a lo largo de la negociación, la organización más beligerante en cuanto a las condiciones para acudir a Muface. La aseguradora dirigida por Fernando Campos aclaró que para ellos sería inviable un concierto que no fuera de un año de duración y con unas primas un 40% superiores. Tan solo se cumple ese último punto en la última oferta del Gobierno, pero el contrato es de tres años de duración, hasta finales de 2027.