El ICO fichará asesores para validar la adecuada inversión de los 'NextGen'

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a reforzar los controles sobre los proyectos que se financien con cargo a los créditos del fondo Next Generation que canalizará a través de la banca para garantizar que cumplen con los requisitos estipulados por Europa. Con este propósito, el organismo sacará a licitación un servicio de Asistencia Técnica para reclutar firmas externas que le ayuden a validar que los grandes proyectos, que solicitan cuantías superiores a 10 millones, reúnen los requisitos de elegibilidad antes de conceder la financiación. De forma ex post comprobarán, con un sistema de muestreo, que todos cumplen las condiciones exigidas. Para las transacciones de hasta 10 millones su certificación se realizará a través de declaraciones responsables del solicitante para agilizar el proceso.

El fichaje de expertos ha sido una constante demanda por parte de la banca que reclamaba asegurar, a través de consultores externos, que la inversión de los recursos europeos va a proyectos elegibles y evitar los problemas que pueda entrañar una inadecuada asignación. De los casi 84.000 millones que llegarán a España en créditos blandos del fondo Next Generation, cerca de 40.000 millones los distribuirá el ICO y, al menos, el 75% los canalizará a través de líneas de mediación con las entidades financieras.

Europa exige la validación

La misma Comisión Europea exige, de forma genérica, verificaciones y validaciones cuando se gestionan fondos comunitarios con análisis ex ante, previos a ser otorgados, y ex post, para cotejar que el dinero se dirige hacia los fines y proyectos para los que fueron solicitados los recursos.

Sin embargo, la comprobación individual entorpecería y retrasaría la concesión en un ecosistema como el español, donde el grueso del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos con, previsiblemente, miles de proyectos de cuantías muy limitadas por lo que el ICO se ha fajado en las conversaciones con Bruselas para establecer un sistema que "sea lo más sencillo y eficiente posible, cumpliendo siempre con la rigurosidad que marca la Comisión Europea", explican en el organismo.

Para agilizar el proceso y evitar cuellos de botella, las operaciones que soliciten menos de 10 millones de euros se tramitarán de forma casi automática y previa certificación por medio de declaraciones responsables. Es decir, el beneficiario realizará una declaración de que dispone de la documentación e informes preceptivos que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Fuentes del ICO detallan que, entre la documentación o certificación que deberán aportar a través de las entidades, figuran declaraciones responsables de estar al corriente de pago de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, que los fondos se usarán para proyectos "que no causan un daño significativo tanto desde el punto de vista social como medioambiental" (el conocido principio Do no significant harm del Pacto Verde o DNSH) y que no se destinarán a financiar partidas que hayan recibido previamente fondos, subvenciones o ayudas europeas.

El ICO se encuentra en conversaciones con Bruselas para establecer además listas positivas de sectores o proyectos que reunirían las condiciones exigibles para acceder al dinero (que sean iniciativas sostenibles, de impulso a la digitalización, etc.) para proyectos que puedan presentarse con cargo a la específica Línea Verde y siempre para cuantías de hasta 10 millones.

Verificaciones en grandes operaciones

La lupa o el análisis será diferente cuando las cuantías rebasen dicha magnitud. Y es para dichas operaciones de mayor importe para las que se apoyará en la citada Asistencia Técnica, con expertos externos. Sobre el universo de fondos concedidos realizará después también comprobaciones de que los requisitos se han cumplido y la financiación ha ido a los proyectos presentados con una muestra "estadísticamente significativa de la cartera financiada". Cabe la posibilidad, incluso, de que se determinen verificaciones in situ para visitar los proyectos, algo habitual en la práctica de la gestión de fondos europeos.

Para el organismo, la formulación resulta familiar, ya que realiza dichos muestreos en su propia operativa y para las líneas de mediación de avales ICO-Covid desplegadas con la banca estableció un mecanismo que facilitaba la concesión rápida a pymes y autónomos y fichó a un experto para realizar las comprobaciones posteriores.

Diferentes canales de distribución de los fondos

La banca será la principal red para distribuir los créditos del Next Generation, pero no la única. El organismo que preside José Carlos García de Quevedo proyecta inyectar un total de 7.000 millones a través del capital riesgo y podría, incluso, adquirir bonos emitidos por empresas para financiar proyectos en mercados como MARF o AIAF.

Los recursos los canalizará a través de cinco facilidades. La mayor en presupuesto es la citada Línea Verde, dotada con 22.000 millones y dirigida a proyectos con objetivos medioambientales y climáticos. Le siguen por presupuesto la línea ICO Empresas y Emprendedores, con 8.150 millones; el Fond-ICO Next Tech, con otros 4.000 millones; otra línea de 4.000 millones para promover vivienda social en alquiler y rehabilitación con fines de eficiencia energética y el Spain Audiovisual Hub, dirigido al sector audiovisual y cultural, con 1.712 millones.

La letra pequeña de los préstamos está por definir, pero se esperan que dispongan de diferentes plazos y precios inferiores, incluso, al coste del Tesoro español porque estaría marcado por el correspondiente al fondeo en Europa. Los fondos deberían estar comprometidos en proyectos específicos ya en agosto de 2026, aunque se encuentren ejecutados parcialmente.