UniversalPay recurre la sentencia que dio la razón a Santander por el negocio de TPVs

UniversalPay ha dado un paso adelante y ha recurrido la sentencia que daba la razón a Santander en la disputa por el negocio de adquirencia por el que le pedía a la entidad cántabra 1.050 millones de euros, tal y como adelantó elEconomista.es. Así consta en el informe del primer semestre de la entidad.

La entidad consideraba que el banco había incumplido sus obligaciones comerciales con la empresa de pagos por un contrato derivado de Banco Popular.

Esta sociedad se creó en octubre de 2013 como una joint venture para la venta del negocio de adquirencia de Popular, si bien según reflejan las cuentas de dicha entidad de 2016 -unos meses antes de que Santander se hiciese con la entidad por un euro-, posteriormente el banco que entonces encabezaba Ángel Ron vendió el 50% del capital que poseía.

En el contrato de dicha venta, se estipulaba que el banco debería mantener la exclusividad "un periodo de 10 años, prorroglable otros cinco", según ha podido saber este medio. A través de un Marketing Alliance Agreement, se acordaba que Popular debería referir a aquellos clientes que expresen un interés por utilizar el negocio de terminales punto de venta únicamente a UniversalPay. Es precisamente este punto el que UniversalPay denuncia que habría sido incumplido tras la venta de Popular a Santander y que es objeto de la demanda y de la milmillonaria reclamación de cantidades. "La demanda se basa en el potencial incumplimiento de la cláusula 6 del MAA, que establece determinadas obligaciones de exclusividad, no competencia y de referencia de clientes", reconocía entonces Santander ante el regulador de los mercados.

Ya en 2019, tras la absorción por parte de Santander de Popular, UniversalPay reconocía en sus cuentas que este hecho había provocado un rápido descenso de los nuevos contratos en la red de Popular y había acelerado las bajas de clientes debido a la  reestructuración del banco y al cierre de cientos de oficinas.

Al desestimar la demanda, el juez consideró que tras la toma de control del Banco Popular, el Santander siguió tramitando solicitudes de servicios de UniversalPay, "sin que exista prueba de que se haya favorecido a otros" en detrimento de esta.

Santander, prosigue el juez, "cumplió de buena fe con su obligación de medios para el mantenimiento de la remisión de comercios en niveles materialmente iguales a los existentes antes del cambio de control".