La banca recurrirá el gravamen a inicios de 2023 si PP y Vox no actúan

La banca española está a la espera de conocer qué pasos van a dar el PP o Vox contra el gravamen a las grandes energéticas y a las entidades. El Congreso aprobó este martes iniciar la tramitación del Proyecto de Ley de este gravamen y a partir de ahora se abre un periodo de enmiendas. Desde el sector financiero se aferran a que alguno de estos dos grupos políticos (deben tener más de 50 diputados para poder hacerlo) presente una enmienda a la totalidad contra el gravamen o de supresión para tumbarlo. De lo contrario, serán las propias entidades las que actúen, pero una vez ya esté puesto en marcha, en febrero de 2023.

El responsable de la asesoría fiscal de la CECA, Juan Villota, apuntó este miércoles que desde la patronal de las antiguas cajas no pueden recurrir la tasa porque solo actúan de representantes de los asociados. Así, si desde los partidos políticos no tumban finalmente la propuesta del Gobierno de coalición, tendrán que ser las propias entidades las que recurran el gravamen, pero una vez les llegue la primera liquidación del mismo, en febrero de 2023.

Villota aseguró que entonces se tratará de un proceso lento, ya que con la impugnación del gravamen se inicia un acto administrativo más largo que los recursos de inconstitucional porque se tienen que atravesar todos los órganos administrativos hasta que alguno plantee la cuestión de inconstitucionalidad o llegue al tribunal europeo. "Obviamente, lo que más nos gustaría es una enmienda a la totalidad o de supresión", explicó el financiero, quien aseguró que las patronales bancarias están abiertas al diálogo con los partidos políticos.

El Gobierno justifica la imposición de este gravamen por la coyuntura económica, ante una elevada inflación potenciada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así, elige a energéticas y banca para financiar la economía a través de esta tasa porque están recibiendo beneficios "extraordinarios" y "sin esfuerzo" por la subida del precio de la energía, en un caso, y por el alza de los tipos de interés, en el otro. No obstante, desde el sector financiero aseguran que no hay una correlación clara entre que el alza de tipos les vaya a dar más beneficio ante el camino que parece tomar la economía con una recesión a la vista que puede acabar en más mora.

El gravamen propuesto por el PSOE y por Unidas Podemos para la banca prevé gravar con un tipo del 4,8% los ingresos (margen de intereses más comisiones) de las entidades españolas (no de las filiales extranjeras en nuestro país) que facturaran más de 800 millones de euros a cierre de 2019 (periodo pre-Covid). Con este tributo, el Ejecutivo prevé recaudar unos 3.000 millones entre 2023 y 2024.

Contribución en 2021

El sector financiero recuerda que ya paga muchos impuestos y es uno de los más gravados. De hecho, las entidades asociadas a la CECA (CaixaBank, Kutxabank y Cajasur Banco, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença y Cecabank) soportaron en su conjunto unos tributos en 2021 por 2.674 millones, un 2% más que en 2020 y el volumen más alto de toda la serie histórica, según recoge el estudio presentado ayer sobre el impacto económico, fiscal y social elaborado por KPMG.

Las antiguas cajas descartan que la subida de los tipos de interés se vaya a traducir directamente en mayores beneficios, tal y como argumenta el Ejecutivo para imponer el gravamen. Desde la CECA, aseguran que "no hay una correlación directa", ante el difícil contexto macroeconómico, porque además ya hay una cartera de crédito "importante" referenciada a fijo y porque las entidades deben pagar coberturas que, a su vez, suponen un incremento de tipos. "No sabemos cuáles van a ser los resultados de este año", aseguran.