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Aragón

Los trabajadores temporales públicos aragoneses salen a la calle a pedir una ley que acabe con el "abuso" de la temporalidad


    elEconomista Aragón
    Zaragoza,

    Los empleados públicos temporales se han concentrado hoy ante las delegaciones del Gobierno en Zaragoza, Huesca y Teruel para demandar una reforma legal que estabilice en sus puestos a los miles que trabajan en fraude de ley por abuso de temporalidad, y se cumpla la normativa europea, sancionando a la Administración por el fraude que supone llevar años cubriendo plazas estructurales con contratos temporales.

    Las protestas se han realizado con el lema "Fijeza ya como sanción al abuso" en el marco de una reivindicación conjunta a nivel nacional, que ha sido organizada por el mismo movimiento #15F que ha convocado más de 30 capitales de provincia.

    La principal reclamación es una reforma legal que dé continuidad a todos los afectados con más de tres años de antigüedad, asimilando sus condiciones de trabajo a las de sus homólogos fijos, aunque sin llegar a una equiparación total, mediante su conversión en "fijos a extinguir" y evitar que se vuelva a repetir esta situación mediante un dispositivo de inspección similar al dispuesto en el sector privado que sanciona las contrataciones abusivas.

    Las reclamaciones han unido a trabajadores de la Administración general autonómica, la Sanidad, la Universidad y la Administración local. Representantes sindicales y afectados han reivindicado con pancartas el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a compensar a los trabajadores víctimas del abuso de temporalidad. También se ha presentado un escrito con esta petición a la delegada del Gobierno en Aragón.

    En Aragón, las concentraciones han sido apoyadas por STEPA (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón) y otras ocho formaciones -SOMOS (Alternativa Sindical Solidaria de Aragón), STEA (Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón), Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), Plataforma de Temporales del Ayuntamiento de Huesca (AytOsca), Médicos Eventuales de Aragón, Sindicatos de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (TAZ), SF (Sindicato Ferroviario), y STOPEL (Sindicato de Trabajadores de Opel), así como por la Intersindical ISTA.

    Según explican desde estas organizaciones, "cada vez somos más y estamos mejor organizados; no nos ha quedado más remedio ante el abandono de los 'sindicatos institucionales', hemos tenido que organizarnos y hacer frente común para luchar por nuestros derechos y presionar para que se cumpla la legislación europea también en el Sector Público".

    Abuso de temporalidad

    Aunque la Ley establece que la temporalidad en todas las administraciones públicas no puede superar el 8%, según los últimos datos oficiales del Gobierno de Aragón, del pasado junio, de las 57.047 personas al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón eran temporales 26.855 (47,08%). Entre las administraciones locales, los datos son similares y según cálculos sindicales, la temporalidad en el Ayuntamiento de Zaragoza es del 24% y en el de Huesca llega al 30%.

    Las organizaciones sindicales añaden que "todavía más grave es que una parte muy importante de todo este colectivo (aproximadamente dos tercios) está contratada en abuso de temporalidad, incumpliendo así la normativa europea y amenazados por un cese laboral sin indemnización por los planes de convocar ofertas de empleo público sin consolidar previamente a estos trabajadores". Según los cálculos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), es el caso de un tercio de la plantilla total de la Administración autonómica de Aragón. Es decir, más de 17.000 trabajadores.

    De acuerdo con el último boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón de junio de 2020, la temporalidad asciende al 47,1% del total de los 57.047 empleados públicos existentes en la administración aragonesa.

    En el sector de la Sanidad el número de empleados temporales supera incluso a los fijos. Así, sobre un total de 26.539, eran fijos 13.044 (49,15%) y temporales 13.495 (50,85%). En el sector de la docencia, el dato es de 7.381 temporales (44,33%) y en la Administración General, se eleva más, ya que sus 5.390 temporales suponen el 45,86% del total. Incluso en el sector con mejores resultados, Justicia, la temporalidad supera el 20,6%, superando ampliamente el límite legal.

    Igualmente destaca el dato de que sobre el citado total de 26.855 trabajadores temporales, 6.357 son hombres y 20.498 mujeres (el 76 %). Además, la media de edad es de 46,7 años, lo que muestra la antigüedad del problema.

    Es una situación que afecta a trabajadores públicos de todos los niveles y sectores y tanto a funcionarios interinos como a estatutarios temporales (empleados que se rigen por una norma propia, como en los servicios de Salud) y a laborales.

    STEPA señala que el origen de esta situación está en el incumplimiento de las Administraciones de su obligación de convocar, en los plazos legales, procesos selectivos para cubrir con trabajadores fijos o de carrera las plazas necesarias. Así, miles de interinos llevan años e incluso décadas atendiendo servicios básicos con contratos temporales y pueden ser cesados en cualquier momento sin derecho a indemnización.

    Las denuncias de esta situación culminaron el pasado mes de marzo con una sentencia del TJUE. El tribunal europeo falló que suponía una clara vulneración de la Directiva 1999/70 y obligaba por tanto no solo a acabar con esta práctica sino también a sancionar a los responsables y a compensar a los interinos víctimas del fraude legal. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas legislativas en España para acatar esta condena y el propio Tribunal dictaminaba que los meros procesos de estabilización no son una solución, ya que no suponen una sanción.

    Por ello, los colectivos que se movilizan defienden la estabilización excepcional del personal temporal de las Administraciones autonómicas y locales de Aragón, con más de tres años de antigüedad, una medida que da cumplimiento a la normativa europea y no supondría un aumento del gasto público frente a la otra solución que plantea el TJUE y que comprende las indemnizaciones que motivaría despedir a estos empleados.

    Coordinadora estatal

    Para defender con una única voz esta solución, se acaba de constituir la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, para luchar por una solución definitiva al abuso de la temporalidad y paralizar de forma urgente los mal llamados procesos selectivos de consolidación, que no son más que "despidos encubiertos de los trabajadores víctimas del abuso de temporalidad".