La Comunidad de Madrid recurre a Tragsa ante la falta de personal para conservar sus montes

La Comunidad de Madrid ha encargado a la empresa estatal Tragsa, dependiente de la SEPI, la gestión forestal en los montes de utilidad pública de la Sierra Norte y todo el este y sur de la región, tras no renovar el contrato a TBF Espacios Verdes, adjudicataria de estos lotes desde 2023. El Gobierno regional justifica la decisión en la imposibilidad de la empresa para mantener al personal necesario por los bajos salarios de su convenio, lo que se habría traducido en una reducción en los trabajos de conservación de los montes públicos en los últimos meses.

El contrato, licitado por la Consejería de Medio Ambiente en 2022 con un valor total de 3,96 millones de euros y dividido en tres lotes —norte, sureste y oeste—, incluía labores de conservación de masas vegetales e infraestructuras, realizadas por ingenieros y cuadrillas. TBF Espacios Verdes, una empresa familiar con sede en Las Rozas, asumía los lotes 1 y 2, mientras que Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, del grupo murciano Hozono Global, gestionaba el lote 3.

Cumplidos los dos años de ejecución, la Comunidad de Madrid explica que este servicio no se estaba prestando como se esperaba. El pasado 19 de junio el Ejecutivo madrileño renovó por otros dos años el contrato con Orthem, pero no con TBF, después de que ésta reconociera problemas para mantener al personal. Los documentos de esta decisión se hicieron públicos el lunes 11 de agosto por la mañana, horas antes de que comenzara el incendio en Tres Cantos.

La administración achaca la situación a la escasez de mano de obra en el trabajo forestal y a los bajos salarios del acuerdo marco estatal del sector, que en determinadas categorías iguala el salario mínimo interprofesional y es inferior al de convenios como el de jardinería, lo que dificulta la retención de trabajadores.

Según explica la Comunidad, "esto repercute negativamente tanto en el imprescindible conocimiento del territorio como en los rendimientos de los trabajos, que son inferiores a los esperados y necesarios para el desarrollo del servicio".

Tragsa asumirá desde el 1 de septiembre la conservación y mejora de estos montes por un período de año y hasta que se licite un nuevo contrato. Sus funciones incluirán actuaciones agrícolas, forestales, de desarrollo rural y de protección del medio natural, así como la administración de fincas, montes y espacios protegidos.

Tres Cantos, ausente en el contrato

En la relación de localidades incluidas en este contrato de mejora de los montes de la Comunidad de Madrid no se encuentra Tres Cantos, que esta semana se vio afectada por un importante incendio que ha dejado un fallecido y más de 2.000 hectáreas arrasadas. Aún así, como parte del lote 2, que afecta a todo el sureste, sí aparece Madrid, localidad en la que se ubica el Soto de Viñuelas, afectado por el incendio y que pertenece a su término municipal.

Según los mapas ambientales de la propia administración regional, buena parte de la zona incendiada —no así el paraje donde se originó— pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Los terrenos afectados está catalogados como "Parque Comarcal Agropecuario Protector" y o pendientes de ordenar en el planeamiento urbanístico local.

Esto responde a que la Comunidad de Madrid considera que sólo son de su gestión los 208 montes catalogados como de utilidad pública, que alcanzan una superficie total de 82.646 hectáreas. Ello pese a que la superficie forestal de la región alcanza el 55% de su extensión, 442.416 hectáreas, de las cuales están catalogadas como públicas hasta 148.034 ha, y el resto son de propietarios privados.

La propia Comunidad de Madrid reconoce en los pliegos del contrato en cuestión que "ingenieros y cuadrillas podrán ampliar su ámbito de trabajo dentro de las necesidades de gestión que surjan en los espacios protegidos y otros terrenos forestales de los municipios relacionados".

Tragsatec vigilará las concesiones forestales

En paralelo a la adjudicación excepcional a Tragsa del contrato de mantenimiento de los montes, la Comunidad de Madrid también formalizó el pasado lunes otro contrato a Tragsatec, la filial tecnológica de la empresa pública, para supervisar las concesiones administrativas que se han formalizado en su dominio público forestal.

En concreto, la adjudicataria deberá desarrollar una base de datos con todas las concesiones existentes, y proceder a regularizar o extinguir las que no estén vigentes. El Gobierno regional pagará 350.648 euros a la empresa estatal por este servicio.