El Supremo adopta medidas cautelares para los empresarios de la 'trama Koldo' tras declarar que no hubo pago de 'mordidas'

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo' -que ha llevado al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, al ingreso en prisión-, ha acordado medidas cautelares para los empresarios implicados en el presunto pago de comisiones a cambio del amaño de contratos públicos. Los dirigentes de Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Fernández Menéndez, y de Levantina Ingeniería y Construcción, Pepe Ruz, tendrán que comparecer cada 15 días ante el Tribunal, según ha acordado el instructor tras su declaración, que ha adoptado también la retirada del pasaporte para Ruz.

Los tres empresarios han comparecido este viernes ante el Tribunal Supremo en el marco de las diligencias del denominado 'caso Koldo' y han negado cualquier pago de comisiones al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán -ahora, en prisión-, al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García a cambio del amaño de contratos de obra pública.

Los imputados han respondido además a todas las preguntas del ministerio Fiscal, instructor y abogado, menos las de las acusaciones populares. Pepe Ruz ha explicado, en concreto, que utilizaba teléfonos desechables para comunicarse con Ábalos y Koldo, cuyas conversaciones eran para meter en la constructora a personas del Partido Socialista. Los hermanos Fernández Menéndez han asegurado por su parte que, las transferencias a Koldo se trataban del sueldo perteneciente a la mujer de éste, Patricia Úriz, al desempeñar un puesto de trabajo en la constructora.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aseguraron en su último informe que "Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con las empresas por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos". Los investigadores explicaron además que para las manipulaciones de los contratos habrían contado con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el Director General de Carreteras, Javier Herrero Lizano, ambos imputados en el caso.

Los propietarios de OPR, los hermanos Daniel Fernández y Antonio Menéndez, quien ejerció el cargo de coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta octubre de 2022, solicitaron, de acuerdo a los agentes, a Koldo García que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos-Lugo.

Esta constructora resultó adjudicataria de la obra de la A-63 del tramo Salas-La Espina, el proyecto para la autovía A-32 del tramo Úbeda-Torreperogil y, precisamente, para el tratamiento de elementos de construcción de infraestructura en el tramo Monforte-Lugo. Los hermanos Fernández Menéndez han negado sin embargo que efectuaran pagos a la 'trama Koldo' y cualquier vinculación con el amaño de contratos.

Los agentes encontraron en el registro de la vivienda de Antonio Fernández ó "un conjunto de documentos" que incluía "un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de 'Ábalos". Cabe recordar, que los hermanos Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. Los agentes apuntan a que la entonces mujer del ex asesor ministerial "habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Anfersa, vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna".

El 'papel' de Ruz

El instructor del caso, Leopoldo Puente, ha tomado declaración también a Pepe Ruz -quien formaba parte de la delegación del Ministerio de Fomento en el encuentro de la OMT celebrado en Georgia al que acudió también Begoña Gómez-, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Esta constructora resultó adjudicataria de un contrato para la reforma de la delegación de la Agencia Tributaria de Canarias después, según la UCO, de que Koldo García y el empresario se reunieran con el expresidente autonómico de la región, Ángel Víctor Torres, posiblemente salpicado también por el caso.

En la misma línea, resultó adjudicataria en una UTE junto con Acciona de la obra pública de la duplicación de la Carretera N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios. Un contrato que fue aprobado el 31 de junio de 2019 por un importe de 4,5 millones de euros y en el que también habría intermediado Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, según consta en las conversaciones intervenidas.

De acuerdo al informe de la Guardia Civil, hay tres obras que fueron otorgadas a la empresa de Ruz, que podrían presentar "indicios de irregularidad en su tramitación": la obra de emergencia de estabilización de los taludes de las trincheras situadas en Asturias, la obra de conservación y explotación en las carreteras del sector TE-02 de Teruel, y la obra en Autovía A-12 Camino de Santiago.

El instructor señala de hecho a Ruz como "un elemento común a los principales investigados" --Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama--, "habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas al propio Koldo".

En una de las conversaciones intervenidas por los agentes en octubre de 2020, Ruz le pidió a Koldo que preguntase al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, con quien también se habría reunido, "por la aprobación económica del modificado de una obra previamente adjudicada a LIC" por 4,5 millones de euros. "Que no la hacéis ni pa'Dios y nos hace falta", escribió Ruz. Un mes después, se habría "desbloqueado" el cobro del dinero adeudado a LIC.

En paralelo, Koldo intercedió ante Pardo de Vera "para que le fuera adjudicada alguna obra a LIC". "Le hemos dado una de 700.000, hace nada eh (...) Es que otra vez va a cantar", le advirtió ella.