El Supremo cifra en 5 millones de euros las mordidas que se llevó la 'trama Koldo' y no descarta que el "botín" aumente

El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el procedimiento del denominado 'caso Koldo', ha cifrado en 5 millones de euros las mordidas que se llevaron, presuntamente, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, -ahora en prisión-, por el supuesto amaño de contratos de obra pública.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico y que supuso el ingreso en prisión de Cerdán, el magistrado asegura que "si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones -porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García".

El instructor recuerda, sin embargo, que el "botín" obtenido representa un "porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas", por lo que, no cerraría la puerta a que las comisiones superen la cantidad cifrada. Una cantidad que, en cualquier caso y siempre según el magistrado, "refuerza la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los señores Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado".

Las obras bajo sospecha

En cualquier caso, el magistrado del Alto Tribunal pone el foco en cinco contratos de obra pública que habrían sido, supuestamente, amañados a cambio de mordidas y adjudicados a la constructora Acciona en UTE con otras empresas "de mucho menor envergadura".

En este sentido, el instructor destaca la obra de la autovía A-68 en Logroño por un importe de 92,4 millones de euros; el contrato para el proyecto de construcción del Puente del Centenario situado en la autovía SE-30 de Sevilla por un importe de 71,4 millones de euros; la licitación para la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat por un importe de 51,7 millones; la obra para el soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, y la licitación para la construcción de plataforma del corredor del Mediterráneo. Según el auto, las obras resultaron adjudicadas "en todos los casos sin haber realizado la mejor oferta económica".

El papel en la red de Cerdán

El que fuera número 2 del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está investigado en la causa, precisamente, por su presunta participación en el amaño de diversas adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilícitas y por presuntos delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

Los agentes de la Guardia Civil le atribuyeron un papel central en la red al ser quien, presuntamente, "gestionaba los montos" de los pagos ilícitos. El magistrado apunta, de hecho, a que "persisten notabilísimos indicios [...] de que el mismo (Cerdán) pudiera haber participado en la comisión de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho".

El juez considera además que Cerdán no solo "era el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen", sino que también era "quien interactuaba con las empresas favorecidas por la adjudicación, comprometiéndose a reclamar los pagos debidos cuyo concreto mecanismo, hasta este momento desconocido, él no podía ignorar.

"Cerdán habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también del procedimiento concreto por el cuál la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados (en metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas o jurídicas, interpuestas, etc.)", concluye el instructor.

El ingreso en prisión

El juez Leopoldo Puente acordó además este lunes el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE y argumentó su decisión en la previsión de evitar la posible destrucción de pruebas que le vinculen con los supuestos delitos cometidos. A diferencia con los otros investigados –Ábalos y Koldo–, la Guardia Civil aún no ha efectuado el registro de la vivienda de Cerdán ni la investigación de su patrimonio. "Se desconoce todavía su verdadera situación económica y los posibles contactos y/o recursos de los que pudiera disponer en el extranjero" [...] "existe un riesgo cierto de que, si aquel se mantuviera en situación de libertad, se produciría un peligro fundado de que el mismo pudiera proceder a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes".