Actualidad
El juez envía a la UCO a registrar la sede del PSOE en Ferraz, el ministerio de Transportes, Adif y la dirección de Carreteras
- El magistrado Puente ordena a la Guardia Civil rescatar el correo corporativo de Santos Cerdán
- Imputa a los empresarios relacionados con las mordidas y al exsecretario de Organización
- El suegro de Chivite adjudicó una obra a una empresa socia de la firma de Cerdán
Javier Romera, Ángela Poves
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha lanzado una operación para registrar la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz; la empresa pública Adif, el ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras, en busca de pruebas de corrupción. Lo hace a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente tras destaparse la trama de las mordidas que implicaba a los anteriores secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El instructor Leopoldo Puente ha autorizado una serie de diligencias relacionadas con el 'caso Koldo', entre ellas la recuperación del correo corporativo de Cerdán, por lo que presumiblemente se estarían clonando los mensajes tanto de la citada cuenta de correo como la de Ábalos. En el resto de las instituciones en las que la UCO esta realizando pesquisas se buscan los contratos de posibles adjudicaciones irregulares de obra pública.
En un auto dictado hoy, el magistrado ha citado Santos Cerdán, le ha citado para declarar el próximo 30 de junio y ha autorizado a la UCO a investigar su patrimonio, tras el informe que le sitúa como epicentro de una supuesta trama de amaño de obras. En un auto de 46 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, Puente responde a la petición formulada por la defensa de Cerdán, que pidió retrasar la citación del próximo 25 de junio para poder estudiar la causa.
El juez explica, sin embargo, que la citación, señalada ya para el día 30, no será voluntaria, como acordó inicialmente, dado que Cerdán perdió su aforamiento al dejar su acta de diputado, de modo que el Supremo ya no necesita recabar el permiso de la Cámara Baja para actuar en su contra. El Supremo expone asimismo que retiene la competencia para investigar a Cerdán, aun sin ser aforado, dada su conexión con los hechos referidos al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que sigue siendo diputado. A este respecto, recuerda que Cerdán "pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado (Ábalos), en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser éste, Santos Cerdán, quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas".
En un paso más, el magistrado autoriza a la UCO a investigar cuentas y productos bancarios en los que el ex secretario de Organización del PSOE figura como titular, autorizado o representante, con exclusión de las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias, así como bienes inmuebles o vehículos. Además, ha imputado a cinco empresarios, entre los que destacan Joseba Antxón Alonso, administrador de Servinabar, la empresa de la que Cerdán tendría el 45% y que recibió más de 100 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro. Destaca igualmente Fernando Merino, ex directivo de Acciona Construcción, una de las principales constructoras implicadas, de acuerdo con el informe de la UCO.
Mordidas
Según los investigadores solo sus presuntas mordidas supusieron 620.000 euros. Entre los empresarios imputados se encuentran también los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), y José Ruz, vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otras dos empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños. Todos ellos tendrán que declarar ante el TS entre el 4 y el 7 de julio, "en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles" que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio".
Puente explica que, "tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial", en alusión a Ábalos, "la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste", por lo que debe investigarlos el alto tribunal.