La polémica solución aprobada por el gobierno italiano de Meloni contra los okupas: penas de cárcel de hasta siete años

El Senado italiano acaba de aprobar esta semana un polémico decreto sobre seguridad que ha sido impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni que trae consigo una nueva batería de delitos, endureciendo algunas penas de prisión, como es el caso de la relacionada con los delitos de ocupación ilegal de vivienda.

El decreto y esta solución ante el delito de okupación ha sido polémico en Italia debido a su difícil aprobación. De hecho, senadores de grupos de la oposición, entre ellos el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), han protagonizado una simbólica sentada en la Cámara Alta al grito de "vergüenza", para evidenciar su oposición a una ley que el Ejecutivo ha sacado adelante mediante una cuestión de confianza, tal y como recoge Europa Press.

La medida, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados a finales del mes pasado, ha recibido en el Senado 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Introduce 14 nuevos delitos, entre ellos el de ocupación ilegal de una propiedad privada, y una batería de circunstancias agravantes.

La solución italiana contra los okupas

Dentro del nuevo Decreto de Seguridad que ha aprobado el Gobierno italiano, se puede encontrar una medida específica para tratar de disminuir el delito de ocupación ilegal en las viviendas, en concreto, en el artículo 10 de dicha nueva normativa.

Básicamente, se establece en el Código Penal del país el delito de okupación arbitraria de un inmueble destinado a vivienda ajena, incorporándolo en el artículo 634-bis, con el que ahora se podrá castigar a quien entre, ocupe o impida el acceso a un inmueble de uso residencial legítimamente poseído por otros, ya sea de manera violenta, por engaños o por amenaza, entre otros supuestos.

El castigo al que se enfrentan aquellos que cometan este nuevo delito contemplado en el Código Penal, podrán ser castigados desde dos hasta siete años de prisión, una actuación que podrá perseguirse de oficio en caso de que se acometa contra una persona incapacitada, por edad o enfermedad, tal y como recogen varios medios italianos.

Inmediatez en el desalojo

Por otro lado, el nuevo decreto no solamente recoge el delito de okupación, castigándolo con una pena mayor de hasta siete años de prisión, sino que también se procede a un nuevo cambio en materia de desahucios.

Concretamente, se trata de agilizar los procedimientos de desalojo, permitiendo que la policía pueda actuar de manera más efectiva y rápida, gracias a la introducción de un nuevo artículo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se indica que el juez podrá, a petición de un fiscal, ordenar un desalojo, incluso, durante la primera fase del proceso penal.

La policía judicial podrá, en caso de ser primera vivienda, personarse en el mismo momento en la vivienda afectada y, de este modo, sacar de inmediato a las personas okupas, ordenando el lanzamiento, solo si se considera que hay razones suficientes que demuestren que ese inmueble ha sido ocupado de manera ilegal, sin necesidad de que el juez dé la orden.