El fracaso de la cruzada de Elon Musk contra el gasto público termina en caos

La cacareada cruzada de Elon Musk contra el despilfarro gubernamental, uno de los pilares de la campaña de Trump, parece haber terminado como algunas de las aventuras más polémicas del hombre más rico del mundo: con grandes titulares, una ejecución caótica y resultados muy por debajo de las expectativas. El Congreso deberá asumir la tarea de abordar el déficit, una labor compleja que Doge no ha logrado simplificar. Dominik Lett, analista del Cato Institute, lo explica así: "Si realmente se quiere estabilizar el presupuesto, es necesario reformar programas como Medicare, Medicaid y la seguridad social. Doge nunca estuvo diseñado para eso", dice en Financial Times.

La promesa de Elon Musk de recortar un tercio del presupuesto federal estadounidense –unos 2 billones de dólares anuales– ha resultado ser, hasta ahora, más una aspiración grandilocuente que una realidad tangible. A seis meses del lanzamiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, por sus siglas en inglés), la iniciativa respaldada por Donald Trump para eliminar el despilfarro estatal ha generado más controversia que ahorros verificables.

El anuncio inicial, hecho por Musk en un mitin de Trump en el Madison Square Garden, fue una sorpresa incluso para los organizadores del evento. Según Howard Lutnick, actual secretario de Comercio y uno de los arquitectos de Doge, el plan era anunciar recortes por 1 billón de dólares, pero Musk duplicó la cifra en el escenario. Desde entonces, esa promesa se ha convertido en una carga política y financiera.

En la página web de Doge podemos leer que han logrado 170.000 millones de dólares en ahorros. Pero de acuerdo con una investigación del Financial Times, solo una mínima parte de esa cifra puede comprobarse. Parte de los supuestos ahorros procede de contratos que ya estaban programados para terminar (antes de la llegada de Trump) mientras que otros se basan en estimaciones infladas o en límites legales de gasto que no se habían ejecutado. A nivel contable, Doge ha logrado identificar con claridad 12.400 millones de dólares en recortes atribuibles a contratos cerrados o modificados. Parece una cifra respetable pero no si recordamos el objetivo de recortar dos billones.

Pero es que incluso dentro de esos 12.000 millones muchas cifras son cuestionables o exageradas. El ejemplo más ilustrativo es un contrato de tecnología del Departamento de Defensa por el que Doge se atribuyó un ahorro de 1.400 millones de dólares, aunque el contrato ya había sido recortado por la administración anterior y apenas ha costado 73 millones.

Las críticas no cesan. Desde el propio Congreso, incluso de miembros del Partido Republicano. La suspensión masiva y aparentemente arbitraria de empleados públicos, incluidos guardabosques, investigadores oncológicos y personal de salud mental para veteranos, ha desatado una ola de indignación nacional. En estados tradicionalmente conservadores, como Iowa o Wyoming, las protestas han sido tan virulentas que han forzado a legisladores a exigir una revisión de los recortes.

Senadores como Jack Reed y Richard Blumenthal han cuestionado la falta de claridad del programa, denunciando que Doge se niega a revelar incluso el número de empleados contratados o las agencias intervenidas. A pesar de las promesas de Musk de operar con "transparencia extrema", ni siquiera se han proporcionado los nombres completos del equipo que lidera la operación.

A esto se suma el coste colateral de las decisiones de Musk. Porque la paradoja es que el dueño de Testa está gastando dinero público para su proyecto de ahorrar dinero público. Además, su incursión en la política le ha costado cientos de miles de millones en valor de mercado a la compañía de coches eléctricos, mientras que Starlink, su empresa de internet satelital, ha perdido contratos clave con el gobierno.

Doge también ha tensado las relaciones dentro del gabinete de Trump. Secretarios como Marco Rubio (Estado) y Scott Bessent (Tesoro) se han enfrentado abiertamente a Musk por los intentos del equipo de Doge de intervenir en sus departamentos. El propio Trump tuvo que intervenir, pidiendo que se usara "un bisturí, no un hacha" en la reestructuración del gobierno.

A pesar de todo, es cierto que podemos apuntar en el Haber de Doge algunos logros, aunque menores. Se implementó un sistema de retiro federal totalmente digital, más de 75.000 empleados aceptaron paquetes de retiro voluntario, y se cancelaron contratos con consultoras externas. Sin embargo, estos avances han sido opacados por el caos operativo y la poca eficacia de las medidas adoptadas.

Las promesas de Musk de reducir el gasto en defensa, seguridad social y programas de salud como Medicare y Medicaid –que constituyen la mayor parte del presupuesto federal– tampoco se han cumplido. Lejos de disminuir, el gasto en defensa aumentará en un billón de dólares durante el próximo ciclo presupuestario, según lo anunciado por la Casa Blanca. La estrategia de Musk, que desde noviembre prometía una "drástica reducción de la regulación federal", ha fracasado en ese frente también. Analistas como Matt Calkins, CEO de la firma tecnológica Appian, han señalado que Doge atacó las áreas equivocadas del gobierno, generando enemigos en lugar de soluciones.

Ante las críticas, Musk ha comenzado a retirarse del proyecto antes de lo previsto, cediendo el control operativo mientras se enfrenta a presiones para volver a concentrarse en sus empresas. Puede que Doge siga existiendo en el papel, pero su futuro como herramienta real de reforma fiscal ya no lo ven ni los más próximos a Donald Trump. Ni siquiera Elon Musk.