Sánchez defenderá la inversión histórica para el 'rearme' militar ante el Congreso

Con el apagón eléctrico de este lunes, el guion para defender el gasto histórico en defensa se le enrevesa a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comparecerá el próximo 7 de mayo para defender el plan de rearme ante el Congreso y la inversión de más de 10.000 millones de euros de gasto militar para alcanzar este año el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) –adelantándose así al compromiso adquirido con la OTAN para 2029–.

El jefe del Ejecutivo se enfrenta a un rechazo generalizado del arco parlamentario respecto al gasto en defensa que, además, no solo proviene de la oposición. El Partido Popular exigió que el aumento del gasto militar tenía que ser debatido y aprobado en el Congreso y que, por tanto, no consentirá "chapuzas legislativas" para esquivar la sede de la soberanía nacional.

Pero su socio de coalición, Sumar, presentó además una objeción en el seno del Consejo de Ministros –por medio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz– que reiteraba un "desacuerdo" con aumentar el gasto en defensa sin "una reflexión consensuada en el Gobierno sobre las verdaderas necesidades de España, ni una estrategia lineada con las prioridades europeas". La objeción presentada se oponía además al posible reparto del gasto en instrumentos defensa y disuasión.

La financiación

El presidente del Gobierno apeló sin embargo a que el gasto no incluirá "ni un céntimo de la partida social" para financiar el aumento en materia militar y que los 10.471 millones se sumarán a los gastos ya aprobados "en los últimos años".

Las fuentes de financiación, según lo que explicó, serán de la reorganización de los fondos europeos Next Generation, del ahorro producido por la reducción en el pago de intereses de la deuda y del margen de algunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Y, en concreto, unos 2.819 millones del total del gasto provendrán de lo obtenido por la "menos necesidad de fondo de liquidez por salida de las CCAA a los mercados".

Todo ello además sin pasar por el Congreso –pues no hay nuevas ampliaciones de crédito complementarias– y "a la espera de que la Comisión Europea concrete otros mecanismos de financiación concretos, como los que hemos pedido".

Una de estas peticiones españolas es en concreto la mutualización de la deuda contraída por estos gastos en defensa –es decir, una nueva emisión de la deuda conjunta comunitaria– o más recursos financiados a nivel europeo como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, por sus siglas en ingles), conocido como Fondo de rescate durante la crisis financiera.

Hasta la fecha, la Comisión Europea ha planteado préstamos de 150.000 millones de euros y ha abierto la puerta a introducir cláusulas de flexibilidad para que los Estados miembros puedan excluir total o parcialmente el gasto en defensa del cómputo del déficit.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo defendió que la inversión en defensa puede ser una oportunidad para el desarrollo industrial y tecnológico de España y que, al menos, el 87% del gasto se destinará a empresas nacionales –solo el 5% irá para proyectos fuera de la Unión Europea–, que además preverán la creación de hasta 100.000 empleos. Y, de hecho, por esta línea irá el argumentario de Sánchez: defender la inversión como una oportunidad para consolidad el "crecimiento económico" de España.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que solo el consorcio europeo Airbus aglutinó el 53,9% de los ingresos totales de la industria de defensa en 2022 con una facturación en este área de 3.300 millones de euros, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa. Esto podría ser además uno de los motivos por el que el Gobierno planea crear un gigante de la defensa en torno a Indra.

El plan de 'rearme'

Más allá de esto, la inversión de los más de 10.000 millones de euros, enmarcada dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa– irá destinada a distintos apartados. En concreto, el 35% se asignará a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, mejorar su formación y dotar de más equipamiento y más efectivos a las Fuerzas Armadas.

En torno al 31% irá a la elaboración, fabricación y adquisición de nuevas capacidades en telecomunicaciones y seguridad, que supondrán un gasto de más de 3.200 millones de euros.

Otro 19% irá para la fabricación y compra de nuevos equipos de defensa y disuasión, así como para reforzar las capacidades para emergencias y catástrofes naturales con la adquisición de nuevas flotas de helicópteros o busques.

De las nuevas y posibles adquisiciones sobre las que Sumar se opuso destacan, por ejemplo, el nuevo buque de aprovisionamiento de combate que tiene un coste aproximado de 100 millones, un vehículo de cadenas multipropósito con un coste de 200 millones de euros o un sistema Obús Autopropulsado de ruedas con un gasto de 300 millones de euros.

En la misma línea, una de las partidas más caras, de 928 millones de euros, será para proyectos estratégicos de formación y tecnología avanzada. Es decir, para desarrollar un simulador de paracaidismo, un sistema de entrenamiento integrado y nuevos sistemas de identificación amigo-enemigo (IFF) para helicópteros.