Avanza la norma para eliminar las asociaciones franquistas a pesar de la abstención del PP y el voto en contra de VOX

La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado este martes la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que hagan apología del franquismo. El dictamen la comisión ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu, mientras que el PP y UPN se han abstenido y Vox ha votado en contra, según recoge Europa Press.

Está previsto que esta norma sea elevada al Pleno durante la segunda semana de abril para su remisión al Senado. Se trata de una ley orgánica, por lo que necesitará el respaldo de la mayoría absoluta para que salga adelante, es decir, el respaldo de al menos 176 diputados.

El objetivo es cumplir la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022 y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido. No obstante, esta norma afecta solo a asociaciones, pues otras como la Fundación Francisco Franco depende del Ministerio de Cultura, cuyos trámites previos para su eliminación ya comenzaron en junio. Si bien, con el fin de que esta no se transforme en asociación para evitar su extinción, el PSOE optó por impulsar la reforma de la Ley de Asociación.

Exenta la Fundación Francisco Franco

Una disposición adicional en esta norma incluirá como causa de disolución "la realización de actividades que constituyan apología del franquismo", bien "ensalzando el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior", "enalteciendo" a sus dirigentes, siempre que "concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" con "incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

Asimismo, se ha dejado claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral. La disolución tendrá que realizarse mediante resolución judicial y corresponderá al Ministerio Fiscal "el ejercicio de la acción de este tipo de procesos", pero en la fase de ponencia se introdujo una nueva vía para esa disolución. Fue a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG que abría la puerta a la disolución por la vía penal.

Defensa de la memoria democrática

"El Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia", recoge esa transaccional a la que tuvo acceso Europa Press. Además, la enmienda permite reconocer la "legitimación activa" en esta materia a las asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como fines la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura".

Esta transaccional ha sido criticada este martes en el debate de la comisión por la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, por suponer, a su juicio, la introducción de una "suerte de acusación popular en el ámbito civil" justo cuando el PSOE ha planteado limitarla en el penal. También ha rechazado que se incorpore un mandato al Ministerio Fiscal que, a su juicio, "carece de sentido".