Abren juicio oral contra el expresidente de Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP) y otros nueve acusados por presunta ocultación de bienes
- Entre los acusados incluye al presidente del Villarreal, Fernando Roig
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elEconomista.es
Después de varios años sin avances, la causa judicial que investiga si el expresidente de la Diputación de Castellón y antiguo líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, ocultó parte de sus bienes y patrimonio para evitar la multa con la que se le condenó por fraude fiscal, finalmente llegará a los tribunales. La causa incluye además a grandes empresarios de Castellón, que supuestamente colaboraron con el exdirigente político.
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados en el marco de la causa sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del que fuera el peso pesado del PP durante décadas en esa provincia.
Junto a Carlos Fabra figuran como acusados cuatro de sus familiares y cinco empresarios. Se trata del presidente de Pamesa y del Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig, además de su hijo Fernando. También figuran Enrique Gimeno de Facsa, además de Miguel Pérez y Alejandro Lorca, que habría actuado como testaferro del expresidente, además de incluir a siete empresas como personas jurídicas, entre ellas Portovan, firma patrimonial de Fernando Roig, y Facsa.
Según ha informado el TSJ de la Comunidad Valenciana, en el auto se recoge que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de posibles delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.
El origen del caso
Según la investigación, Fabra y su familia, con la colaboración de los empresarios, habrían creado un entramado para evitar que parte del patrimonio del político pudiera ser embargado por Hacienda después de la sentencia que le condenó por fraude fiscal a cuatro años de prisión y el pago de 1,4 millones de euros.
La magistrada, además, ha requerido a todos los acusados una fianza conjunta y solidaria por importe de 1,37 millones de euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.
El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como el tribunal que deberá juzgar ahora la cusa. Contra la decisión, cabe recurso de reforma ante el propio juzgado o de queja ante la Audiencia Provincial exclusivamente en relación con la situación personal de los encausados.