La 'número 2' del PSOE de Madrid, Sánchez Acera, desvincula a Moncloa de la filtración del correo del novio de Ayuso y afirma que le llegó por la prensa

La exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, ha declarado este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo (TS) en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de correos electrónicos de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que le llegó por la prensa y solo lo reenvió al ex líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, sin que Moncloa le diera orden alguna en ese sentido.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado la actual 'número dos' del PSOE de Madrid en el procedimiento por presunta revelación de secretos que el magistrado Ángel Hurtado dirige. Ha explicado en sede judicial que ni conoce al jefe del Ministerio Público ni a ningún fiscal y ha descartado que le enviaran desde la Fiscalía el correo que hacía referencia a los presuntos delitos fiscales cometidos por González Amador.

Sánchez Acera, que en ese momento era jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha asegurado que recibió el 'email' de la prensa y que solo lo envió a Lobato para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día. No obstante, ha matizado que el documento no lo recibió en formato de correo, sino como un pantallazo en el que no figuraba destinatario alguno.

También ha precisado que no recibió órdenes de Moncloa para hacer llegar el correo al entonces líder de los socialistas madrileños, al tiempo que ha explicado que su actuación se enmarcó dentro de las funciones que tenía como secretaria de política institucional del PSOE madrileño, es decir como 'número tres' de Lobato.

El instructor dio este paso meses después de interrogar el pasado noviembre como testigo a Lobato, quien aseguró que Sánchez Acera le había enviado el correo en cuestión. Ese día, el exlíder del PSOE madrileño entregó voluntariamente tanto su teléfono móvil como el acta notarial que levantó con el contenido del mismo, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudiera contrastar el contenido de ambos.