La Audiencia de Madrid respalda ampliar la investigación a la pareja de Ayuso por su relación con Quirón
- Se investigará el pago de casi 500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención
- El novio de Ayuso se niega a declarar ante la jueza como imputado por dos delitos fiscales
elEconomista.es
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado ampliar la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el objetivo de indagar si el empresario realizó el pago de comisiones a Quirón.
En concreto se investigará el presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, en el que el fiscal ve una posible comisión encubierta.
De acuerdo con el auto, en este "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalan los jueces de la Audiencia Nacional, según recoge Europa Press.
De esta forma, se accede a la petición de Más Madrid y PSOE, acusaciones particulares en la investigación que trata de dirimir si González Amador cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. En junio de 2024 ambos partidos se lo solicitaron a la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que dio la luz verde a esa nueva pieza.
Tal y como recuerda la agencia de noticias, la pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L (empresa de Alberto González Amador) y su cliente Quirón Prevención S.L".
La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención".
Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".
González Amador podría declarar de forma voluntaria
La defensa de González Amador recurrió la medida ahora respaldada por la Audiencia Provincial, una decisión de la que estaba pendiente el empresario, que se acogió a su derecho a no declarar en la causa por sus posibles delitos fiscales a la espera de que la Audiencia avalase o no esa ampliación.
De acuerdo con el propio testimonio de González Amador, y ahora que ya hay una decisión en firme de la Audiencia, solicitará una declaración voluntaria a la Audiencia Nacional