Consumo abre expedientes sancionadores a grandes empresas gestoras de pisos turísticos por hacerse pasar por particulares

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por el ministro Pablo Bustinduy, ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo expedientes sancionadores para aquellas grandes empresas gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares a la hora de arrendar los pisos.

A través de un comunicado publicado este jueves en la página web del Ministerio, informan de que estas empresas estarían ocasionando "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada", dado que estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios". Estas prácticas engañosas pueden alterar el comportamiento económico, como define el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.

En el Artículo 27 de esta misma Ley, se detalla que "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional" y "presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario" son acciones contrarias a la normativa.

Estas prácticas se consideran infracciones graves y las multas pueden alcanzar los 100.000 euros, que, según informa el Ministerio, esa cantidad "se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo".

Estas prácticas engañosas (y otras que también se contemplan), supondrían una violación de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios, por lo que se cree conveniente abrir los expedientes e investigar a las empresas que cometan estos actos. El pasado mes de diciembre ya se puso en marcha una investigación al respecto de empresas que operan en todo el territorio nacional y que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas".

En esta misma línea, la Dirección General de Consumo empezó a investigar en octubre a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a pagar comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, o aceptar cláusulas contrarias la normativa.