Aldama creó un imperio del ladrillo con 143 inmuebles y fincas con el fraude de los hidrocarburos

Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama Koldo y artífice del fraude de 185 millones de euros a Hacienda con la red de los hidrocarburos, blanqueaba gran parte de los beneficios obtenidos con la misma para invertir en inmuebles, con la compra de hasta 143 propiedades: 70 inmuebles, 54 fincas rústicas y 19 urbanas. Es una de las conclusiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), cuyos informes constan en los cientos de páginas que acumula ya el sumario del caso.

"A lo largo de la investigación se han podido determinar importantes inversiones inmobiliarias destinadas a la implementación de propiedades a través de procesos de mejoras, adquisición de inmuebles para explotación de arrendamientos a terceros e intermediación en compra de viviendas para inversores capitalistas mexicanos", asegura contundente la UCO. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora revelan así no solo como la trama pagó el chalet al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sino que adquirió además distintas propiedades en todo el país.

Sociedades

Con una red compuesta por cerca de 50 sociedades tanto en España como Portugal y un total de once testaferros, la organización criminal, como la califica la UCO, procedía a "canalizar los fondos de procedencia delictiva al extranjero, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad".

Es a partir de ahí, cuando según los investigadores, "se ha identificado retornos a España en forma de inversiones", incrementando de manera notable las ventas e ingresos de la trama. En su informe, la UCO detecta, sin embargo, múltiples cambios de titularidad de los inmuebles y advierte de que en muchos casos acaban de nuevo bajo el control de una sociedad luxemburguesa, Garden Invest, "que serviría como instrumento para deslocalizar los bienes titulados por la presunta organización criminal".

Entre otros activos, la UCO ha certificado, por ejemplo, la adquisición de terrenos industriales, solares o inmuebles en las provincias de Madrid, Albacete, Cádiz, Cáceres, Toledo o Huesca. En algunos participaba directamente Aldama a través de sociedades instrumentales o incluso de testaferros y en otros, siguiendo una operativa similar, su socio Claudio Rivas, que codirigía junto a él la red.

"Victor de Aldama y Claudio Rivas poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa ciminal a todos los niveles, siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad a la organización criminal y lograr el pefeccionanmiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de capitales", explican en su informe los responsables de la investigación

En su documentación, la Guardia Civil detalla así cómo era la operativa y cómo la red adquiría las propiedades y trataba después de ocultarlas. Así, por ejemplo, Still Growing, la sociedad matriz de la red, adquirió en 2021 un inmueble en la localidad pireanica de Sallent de Gallego (Huesca) valorado por 615.000 euros y otros cuatro más, junto a cuatro plazas de Garaje, en Getafe (Madrid) por 1,2 millones, que el 23 de julio de 2024 se traspasaron a la sociedad luxemburguesa Garden Invest Group.

La red utilizó varias sociedades para invertir en ladrillo, como Inversiones Inmobiliarias Puente Pedrera, en la que Víctor de Aldama figura como vicepresidente; o Pilot Real Estate, en la que figura como administrador solidario, y que adquirió una vivienda en Sotogrande, en Cádiz. Aldama adquirió asimismo en diciembre de 2023 siete pisos de lujo y cuatro plazas de garaje en la calle Claudio Coello de Madrid a Omar Farías Pacheco, uno de los hijos de Omar Farías Luces, un empresario vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Lo hizo a través de la mercantil Mosquito Red 23 por un importe total de más de tres millones de euros.

Compraventa

Esta firma fue constituida el 9 de octubre de 203 y su objeto social era "la actividad, negocio y promoción inmobiliaria, así como la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y la construcción de edificios". Aunque inicialmente figuraba como administrador único Alejandro Restrepo, el 21 de diciembre se otorgó poder sobre la misma ante notario a Víctor de Aldama.

La UCO ha detectado asimismo varias sociedades vinculadas a Claudio Rivas, socio de Aldama y máximo responsable junto a él de la trama. Así, menciona por ejemplo como una de las personas de confianza de Rivas, Antonio Nieto, figura como administrador único de Inversiones Inmobilariarias Nieme, una firma domiciliada en Pinto (Madrid), con un capital social de 6,2 millones. La hermana de Claudio Rivas, María Luisa Rivas, figura además como adjudicataria de un terreno por 349.800 euros en la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid) en un proceso de subasta realizado por el Ayuntamiento.

Más allá de inmuebles urbanos, la red contaba también con cotos de caza y fincas rústicas. Es el caso de la denominada finca Matasanos, ubicada en Cilelres (Cáceres), que figura a nombre de Livingcenter Activos Inmobiliarias y que está gestionada por la mercantil Finca Matasanos y cuyo verdadero administrador, según la UCO, es Claudio Rivas, que habría usado como testaferro a Federico Casas. Y en la misma línea, se han detectado también inversiones millonarias en una finca en Mora (Toledo), por la que se habrían pagado 4,2 millones.

Intermediación con inversores

Aldama, además, intermedió en distintas operativas para la compraventa de bienes inmobiliarios. En el informe de la UCO figura, por ejemplo, que el comisionista trató de ofertar un edificio completo situado en la calle Jorge Juan en Madrid por 38 millones de euros a Martha Lucía Pereira Torres, administradora única de la mercantil Presviprealestate, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, pese a que el precio de mercado estaba establecido en 50 millones de euros.

Otra de las intermediaciones del comisionista fue junto a Mariana Restrepo –con quien mantenía una relación afectiva– para la compra de propiedades inmobiliarias para "importantes inversores extranjeros". En el informe de la UCO figura también, que el comisionista trató de adquirir dos edificios –situados en el Paseo de la Castellana número 62 y 76– para el grupo mejicano Be Grand Gbs Gp1, administrado por Nicolás Carrancedo Ocejo y Pedro Antonio Gómez de Baeza y Titure, cuyo objeto social es "la consultoría y asesoramiento en el ámbito inmobiliario; la intermediación para terceros en la compra, venta y alquiler de fincas rústicas y urbanas".

En esta gestión, además, participaría Iwa Lou, pareja de Lan Chun Tsai, administrador de la sociedad portuguesa Tsai&Iwa, que fue utilizada para transferir parte de los beneficios obtenidos del fraude a China, posiblemente a Macao. La Guardia Civil expone que esta mercantil habría percibido fondos de, al menos, la suministradora de la trama Casmar Hidrocarburos y que su administrador estaría vinculado a otras operativas asociadas al blanqueo de capitales en las cuales se detectó el envió de ingentes cantidades de dinero a Hong Kong.

En paralelo, la UCO alerta de que este ciudadano chino figura en los órganos sociales de cinco mercantiles asentadas en España –algunas dedicadas a las inversiones inmobiliarias–, de las cuales Aldama habría adquirido participaciones y, añaden, que tanto él como su mujer titulan varias mercantiles asentadas en Perú, Colombia, Argentina, Singapur, China y Macao.

Los investigadores destacan, en concreto, dos mercantiles que podrían haber sido utilizadas para la ocultación de los activos: Tak Keong Companhia Limitada, con sede en Macao, y Mbstars Tech Pte Ltd, con sede en Singapur y sobre la cual Iwa Lou "facilitó un domicilio en Portugal", país que se sitúa, según la UCO, en el "centro de las operativas compatibles al blanqueo de capitales orquestadas por la organización criminal investigada".

La operativa del fraude

Según la AEAT, la red habría transferido en total casi 74 millones de euros a Portugal, China y Colombia e incluso habría desviado otros fondos a Dubai, República Dominicana o a algunas sociedades radicadas en Suiza y Luxemburgo, que goza de una menor presión fiscal. En cualquier caso, los agentes tratan de certificar la trazabilidad de los fondos desviados e investigar las propiedades, que se corresponderían con viviendas, garajes o naves industriales.

La organización criminal contaba con la operadora de hidrocarburos Villafuel para llevar a cabo el presunto fraude. Sin su presencia, detalla la UCO, éste no se habría producido. Pero para cometerlo, la organización necesitaba de una licencia previa que fue, según los investigadores, conseguida por la cercana relación de Aldama con distintos cargos del Gobierno.

De hecho, fue el codirector de la trama, Claudio Rivas, el que recurrió al conseguidor y a su socio Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, para que consiguieran una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica on el objetivo obtener la condición de operadora de Villafuel. De acuerdo con la Guardia Civil, Aldama intermedió en este asunto para "aprovecharse" de que Rivas abonara los "gastos derivados" de la compra del inmueble de Ábalos. La operadora estaba, además, administrada por un supuesto testaferro cualificado, Pedro Antonio Marín Alba, pero controlada en "la sombra" por Claudio Rivas.

La presunta organización dispuso también de mínimo 7 suministradoras –con apariencia aparentemente legal–, que se fueron sucediendo unas a otras a lo largo del tiempo como clientes de Villafuel: "Una vez finalizada la relación comercial con alguna de ellas, observaba la sucesión por parte de otra suministradora con el mismo perfil siendo coincidente la venta al mismo cliente final que la disuelta", recoge la UCO en base a una de las declaraciones testificales recogidas.

Es decir, las suministradoras actuaban durante un periodo de tiempo concreto para poco después desaparecer y traspasar sus ventas a otras mercantiles nuevas. De hecho, es sobre estas suministradoras insturmentales sobre las que se hace recaer la responsabilidad del impago del IVA, pues son éstas las que bajan el precio del hidrocarburo con cargo al impuesto que, finalmente, no se va a abonar, de tal manera que, el producto de la operadora siempre sea más barato que el de sus competidores.

Los investigadores alertan, no obstante, que el entramado podría seguir funcionando a través de sociedades instrumentales que aún no se han identificado y, por tanto, no descartan que el fraude supere los 184 millones de euros que se habían cuantificado en un primer momento.