El radar de Valencia para detectar la gota fría estaba inoperativo hace meses

El radar de la Comunidad Valenciana para detectar la gota fría estaba inoperativo meses antes del estallido de la DANA. Así lo ha denunciado José Javier Sanchís, alcalde de Algemesí, una de las ciudades anegadas por la riada, quien ha asegurado que su administración utilizaba el radar de Murcia para detectar las alertas meteorológicas, dada la inactividad del aparato en la región valenciana. En una entrevista para este periódico, Sanchís ha apuntado, que los problemas de mantemiento de esta herramienta se acumulaban desde principios de año, aunque, sin embargo, no es el único que ha denunciado esta situación.

En concreto, días previos al paso de la riada por la Comunidad Valenciana, un agricultor manifestó a través de las redes sociales la inoperatividad del radar e, incluso, alertó de las consecuencias que podría suponer para la sociedad civil. La Agencia Estatal de Meterología (AEMET), que invirtió el pasado mes d ejunio 25 millones en la adquisición de nuevos radares con tecnología más avanzada, ha eludido responsabilidades y no ha contestado ante las cuestiones planteadas sobre la inoperatividad del radar valenciano.

En un comunicado remitido a este periódico, la institución dependiente del Gobierno ha señalado que "los sistemas de observación y seguimiento de la agencia y de las confederaciones hidrográficas permiten hacer predicciones, pero son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las afecciones sobre la población y el entorno, de emitir los avisos y de adoptar las medidas de protección más adecuadas en cada caso". El organismo público ha explicado, además, que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) "ofrece información pública con relación a la pluviometría, nivel y volumen de embalses, así como caudal y nivel de los ríos". Y, añade: "Todo ello es accesible y está a disposición de las administraciones autonómicas".

Falta de mantenimiento

La ausencia de control sobre el estado de las Confederaciones Hirográficas es otro de los asuntos sobre los que el alcade de la localidad valeciana ya se pronunció hace días. Sanchís reclamó, en concreto, que el estado del caudal de la Confederación del Júcar –encargada de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Valencia y gran parte de las zonas afectadas por la DANA– podría ocasionar un grave peligro en el incremento del nivel del agua.

De hecho, desde agosto de 2023 el ayuntamiento de Algamesí envió hasta dos requerimientos formales a las estancias competentes con el fin de solicitar la limpieza del caudal, pero nunca obtuvo respuesta: "Los pasos subterráneos estaban repletos de toneladas de cañas. No ejecutan su labor y, si lo haces tú, te denuncian con sanciones. No funcionan las políticas ecologistas. Están convirtiendo ríos en zonas transitables", explica. Con motivo del recién cruce de acusaciones surgidas entre la Generalitat y el Gobierno por la gestión de esta catástrofe, el alcalde ha señalado que "no es cuestión de buscar responsables, sino de que, como organismo independiente para gestionar la partida presupuestaria, tendría que haber realizado la limpieza del cauce para, al menos, minimizar los daños".

Cabe recordar aquí, que, tal y como adelantó este periódico, el Tribunal de Cuentas lleva alertando desde 2020 en sucesivos informes la falta de vigilancia y mantenimiento en las instalaciones de varias Confederaciones Hidrográficas, especialmente en la del Júcar. En octubre de 2020, en concreto, el Tribunal ya advirtió de problemas en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, al menos entre los años 2008 y 2017.

El órgano fiscalizador advierte ahora que, se han vuelto a apreciar "algunas circunstancias de la misma naturaleza que las mencionadas" hace cuatro años y que la situación, por lo tanto, vuelve a repetirse. En total, se han seleccionado 111 expedientes de contratación, el 38% del total, por un importe de adjudicación, excluido el IVA, de 430,7 millones. Y en sus conclusiones el Tribunal se muestra tajante: "ninguna de las entidades fiscalizadas disponía de un plan anual o plurianual de contratación para los ejercicios 2020 y 2021".