Pedro Sánchez se niega a dar explicaciones ante Peinado: se acoge su derecho a no declarar

Día clave para la próxima impunidad o condena de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El Jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ante el juez, Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en sus negocios, dado el derecho que le confiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El líder socialista se ha acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, se ha negado a dar explicaciones que dilucide nuevos detalles sobre la actuación de Gómez, respecto a si se prevaleció de "su estatus personal", tal y como señalaba la querella de la acusación popular Manos Limpias. En este sentido, ha llevado a cabo la misma estrategia que la investigada, quien hasta en dos ocasiones se ha negado a comparecer frente al magistrado.

Ahora bien, hay que comenzar por el principio. El peso de las afirmaciones de dos de los principales investigados de la causa contra la mujer del presidente -Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache- en comparecencias previas, en relación a las conocedoras reuniones en la casa pública del ejecutivo, llevó a Peinado a citar a Pedro Sánchez para tomarle declaración en calidad de testigo. Fijó su comparecencia para este martes en el Palacio de la Moncloa, a pesar de los intentos frustrados del líder socialista de solicitar la declaración "por escrito" con una misiva al magistrado, donde exponía que su declaración era "inescindible" de su condición de presidente del Gobierno, justificando tal argumento con lo expuesto en el el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal misiva fue rechazada por el juez instructor, alegando que los hechos por los que se precisa su comparecencia no se relacionan con su condición de ejecutivo, sino por su relación conyugal con la investigada. Más aún, permitía la presencia de la coordinadora jurídica del partido político Vox, Marta Castro, en su interrogatorio. Sin embargo, Sánchez se acogía este martes a su derecho que le confiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal con lo expuesto en el artículo 416, que le abala la dispensación "de la obligación" a declarar dado su cargo público en el poder ejecutivo nacional.

La citada regulación establece que quedan libres de comparecer ante un magistrado, "los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil", u otros.

Cabe precisar, que este hecho ejecutado por el presidente del Gobierno provocaba la reacción de las acusaciones populares, que exigían la aclaración de las dudas existentes sobre el marco de investigación. Más aún, minutos antes de la testifical de Sánchez, el diputado al parlamento europeo de Vox, Jorge Buxadé, calificaba la actitud del líder socialista como cercada "por la corrupción política y económica de su familia y de su Gobierno". Incluso, manifestaba su juicio respecto a la Fiscalía, que actúa como "abogado defensor" de la investigada.

La declaración de Barrabés, suspendida

Esta semana, el magistrado tenía la agenda repleta de citas importantes en el marco de la causa de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. Entre las declaraciones previstas y aquellas de peso estaban la del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, como investigado; la del ejecutivo socialista en calidad de testigo y la del empresario Juan Carlos Barrabés, entre otras tres más.

Precisamente, atendiendo a esta última testifical -programada para este lunes-, fue suspendida por el magistrado de instrucción por razones médicas, fijándola de nuevo para el próximo 1 de agosto en calidad de investigado, pese al recurso presentado -y recurrido- por la defensa del empresario ante el juez sobre su condición de imputado al considerar la inexistencia de "motivos que justifiquen" tal cambio.

Los argumentos de Peinado se refugian en la primera testificación de Barrabés, donde afirmó haberse reunido en dos ocasiones con Gómez y Pedro Sánchez en Moncloa, para corroborar si pudo haber sido beneficiado o no por la mujer del ejecutivo, en cuanto a la concesión de contratos públicos por valor de 10 millones de euros.

Goyache niega irregularidades

Quien sí tomaba declaración este lunes ante Peinado era el Rector de la UCM, donde de nuevo alegó que no existía ninguna irregularidad, respecto a Begoña Gómez en su relación con la entidad académica, ni alguna orden al vicerrector, Juan Carlos Doadrio, respecto a quién debía dirigir la Cátedra -ahora, bajo el mandato de Gómez, que propició el impulso de la plataforma digital de Transformación Social, creada con donaciones de Telefónica, Indra y Google, pero registrada bajo su nombre-.

Si bien, Goyache reiteró haber mantenido una reunión con Gómez también en Moncloa y justificó la elección de Gómez como codirectora de la cátedra, alegando que "tenía la idea de que la esposa del presidente del Gobierno tenía una licenciatura", según fuentes jurídicas.

El intento 'al aire' de Gómez por retener la cátedra

Todo esto coincide con el intento de Begoña Gómez por retener la cátedra en la entidad pública por cuatro años más, pese a la investigación judicial y los indicios de delito expuestos por la institución ante el juez Peinado. Así, reclama al vicerrector, José María Coello de Portugal, la renovación de la cátedra, garantizando que así lo quería también Marc Simón, el subdirector general de la Fundación La Caixa, quien guardó silenció ante tal afirmación.