El juez pide llevar a juicio al BBVA y a Francisco González por contratar al excomisario Villarejo para espiar a sus rivales

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad, además de revelación de secretos, al BBVA y a su expresidente Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2016. En un auto de 268 páginas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y procesa asimismo, entre una docena de directivos de la entidad y mandos policiales, al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano o el exdirector de Riesgos Antonio Béjar. Contra este auto cabe recurso ante la Sala de lo Penal, pero si se desestima, habría ya un auto de apertura de juicio oral, contra el que los acusados no podrían hacer nada.

El magistrado hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que relata que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación, según dice, contó con la aprobación expresa de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Para el juez, "los indicios existentes se podrían sintetizar sin exhaustividad en los audios intervenidos en los registros domiciliarios en que se pone de manifiesto que él mismo no sólo conocía y autorizó las ilegales actividades para las que había sido contratada Cenyt, sino que fue por su expresa orden por la que se procedió a contratar con Villarejo". En el auto, el magistrado insiste en que era "él la persona que recibía los informes elaborados, así como el que disponía del dominio del hecho para su continuidad". Igualmente, añade, "fue la persona que ordenó que se volviese a contratar para las investigaciones sobre los empresarios Fernando Martín o Luis Portillo, así como la causa de la realización del contrato de 2014 y la investigación sobre Felipe Izquierdo. "Y, la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal y puso de manifiesto lo sucedido era que todo se explicaba porque se trataba de ejecutar lo mandado por el presidente", asegura. En tal sentido, apunta el instructor, la última declaración prestada por el mismo puso de manifiesto una serie de incongruencias difíciles de sostener respecto a su grado de conocimiento de Cenyt, su preocupación por las materias objeto de contratación y los resultados que conseguía la firma.

Desprecio al control jurídico

El auto señala que a pesar de que Julio Corrochano conocía la "doble" actividad de su compañero José Villarejo a través del denominado Grupo Cenyt, le comunicó a González, la existencia "de tal anómalo e ilegal recurso" y llegó a garantizarle la total discreción y opacidad si se recurría al mismo. Corrochano aprovechó la ausencia de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió la contratación, garantizándose que solo lo conocían un grupo de altos directivos. "A raíz de ello, según indica, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas", asegura el juez. Dichos contratos, en algunos casos verbales, se ejecutaron desde 2004 y al margen del circuito legal del banco y con "total desprecio a la normativa de control jurídico y contable de la entidad.

El magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con la contratación de Villarejo se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar con una estructura societaria dirigida por un policía en activo que recababa los datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en activo, así como obteniendo accesos ilegales a ficheros reservados. De esta forma, García-Castellón responde de forma afirmativa a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que hace unas semanas pidió la apertura de juicio al considerar probada la existencia de "delitos relacionados con la contratación de empresas vinculadas al excomisario". En su auto, el magistrado hace suya la "prolija exposición" realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito por el que solicitó que concluyese la instrucción. El juez, en concreto, elogia el "impecable detalle en la narración de los acontecimientos respecto de los cuales se considera existente una carga indiciaria sólida como consecuencia de la actividad instructora practicada en el marco de las presentes diligencias previas".

Así fue la contratación de Villarejo

El fiscal Alejandro Cabaleiro aseguraba en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

Según el fiscal, "el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la Policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías". Cabaleiro afirma que eso permitía a Villarejo, "entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso".

"Conociendo Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, Villarejo, a través del denominado Grupo CENYT (la empresa de Villarejo), le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal 'anómalo e ilegal' recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", añade Anticorrupción. La Fiscalía añade que el propio González, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".

Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la Fiscalía sostenía, tal y como confirma ahora el juez, que el sistema interno para la prevención de delitos "no puede calificarse de idóneo" porque "claramente deja al margen de cualquier normativa a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta Dirección". "Respecto del resto de personal, directivos y empleados, el sistema se diseña formalmente para que los mismos sean conscientes de las normas y de la obligación de respeto a las mismas, así como estableciendo la forma de actuar ante posibles incumplimientos, siempre que los mismos provengan de tal ámbito de dirección o empleados, pero sobre la existencia de un ámbito superior que impone el cumplimiento de las órdenes o decisiones cuando estás provengan de la Presidencia Ejecutiva o de la Alta Dirección, sin prever o diseñar mecanismo alguno ante la posible ejecución de actos contrarios a las normas ordenados por los mismos", detalla el escrito.

El mismo da detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según la Fiscalía, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario 'Proyecto Trampa'.

Juicio oral contra BBVA

En relación con la persona jurídica del BBVA, el magistrado señala que la instrucción practicada hasta el momento ha puesto de manifiesto que se cumplen los presupuestos para abrir un juicio oral como persona jurídica penalmente responsable. El auto del juez alude a la jurisprudencia en relación con la cultura ético-empresarial o cultura de cumplimiento como nexo común a las diversas teorías de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

García Castellón indica que no se puede pasar por alto que la persona jurídica investigada es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en cuanto entidad cotizada en bolsa. "Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo. Ahora bien, tal y como se expone con precisión en la multitud de ejemplos obrantes en el escrito del Ministerio fiscal, la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumplían, o no respetaban, tales Códigos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos", concluye el juez.

Para el magistrado, no basta con la existencia de un código de conducta, que ha sido alegada por el banco, sino que se tiene que ejecutar y cumplir. "Es decir, no basta, ni mucho menos, con la existencia de la norma, al resultar imperativo que la misma también se ejecute, esto es, se cumpla. De forma que la cultura ética implique tanto su conocimiento como su respeto, ya que, nada puede ser menos ético que, existiendo la norma exista igualmente la cultura de su incumplimiento sin consecuencias".

Al conocer la decisión de García Castellón, fuentes de BBVA aseguran que "siempre ha defendido y sigue defendiendo que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad. La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".