El auge de la ultraderecha pone en peligro la continuidad del Pacto Verde

Convertir a la Unión Europea en líder de la acción mundial por el clima ha sido uno de los grandes empeños del Ejecutivo encabezado por Úrsula Von der Leyen. La apuesta quedó patente ya en 2019 cuando, nada más comenzar la legislatura, la Comisión presentó el Pacto Verde Europeo, con la presidenta como principal valedora de este proyecto definido como la nueva "agenda de crecimiento económico de la Unión". Y es que para conseguir materializar esta estrategia centrada en la lucha contra el calentamiento global era necesario modernizar la economía y fomentar la innovación del bloque comunitario.

A lo largo de los cinco últimos años, la UE ha diseñado una amplia legislación en materia climática y medioambiental que incluye medidas encaminadas a alcanzar la neutralidad climática para 2050. En esta misma línea, los planes de recuperación atribuidos a los países miembros para fomentar la recuperación tras la crisis económica provocada por la pandemia se convirtieron en la herramienta adecuada para dar un nuevo impulso a este proceso de transición ecológica. Sin embargo, muchas de las políticas propuestas se han encontrado con la férrea oposición de los grupos parlamentarios de extrema derecha (y también de los conservadores) que, en ocasiones, han llegado a impedir su aprobación final. De hecho, durante la campaña electoral anunciaron su intención de suprimir la agenda medioambiental asegurando que "el pacto verde nos matará mucho antes que el cambio climático".

El auge que han experimentado los partidos ultraconservadores en los parlamentos y gobiernos de diferentes países comunitarios, y a la espera ahora de comprobar cómo impacta el reequilibrio de fuerzas en Estrasburgo en una renovada Comisión Europea, puede poner en serio peligro la continuidad del Pacto Verde. De hecho, la perspectiva de fuga de votos hacia posiciones más extremas ha provocado que en los últimos meses el Ejecutivo de Ursula von der Leyen haya rebajado considerablemente su ambición en este sentido. El cambio de rumbo también se ha visto propiciado por las quejas lanzadas desde los sectores productivos y empresariales que, aunque apoyan la transición hacia una economía baja en carbono, piden un enfoque que no limite su competitividad.

Último impulso a la descarbonización

Todo apunta a que la preocupación por los costes que conlleva la transición verde y el complejo entorno geopolítico actual -con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las tensiones comerciales entre China y Occidente y la guerra de Rusia contra Ucrania- marcarán la dinámica del nuevo Ejecutivo que tendrá muchas más dificultades para lograr nuevos avances en materia de acción climática.

Por eso, y aunque en algunos casos con preceptos más descafeinados, en los meses previos a la disolución del Parlamento, la Comisión ha acelerado los trabajos para procurar la tramitación de varias leyes medioambientales. Así, en el último pleno de la legislatura, la Eurocámara dio luz verde a la Ley para una Industria Cero Emisiones que pretende conseguir que en 2030 se fabrique en la UE al menos el 40% de las necesidades anuales en tecnologías bajas en carbono, disminuyendo así la dependencia de terceros países.

También se han adoptado nuevas medidas sobre el derecho a reparar con el fin de reducir los residuos y reforzar el sector de la reparación y se ha aprobado un acuerdo provisional sobre el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, con el propósito de fomentar el reciclaje y la reutilización. Asimismo, la normativa para endurecer los límites de contaminación del aire ha conseguido salir finalmente adelante, si bien la exigencia de cumplimiento se ha alargado de 2030 a 2040.

Las protestas de los agricultores en diferentes países del bloque, y que llegaron a las puertas de las propias instituciones comunitarias en Bruselas, obligaron a la Comisión Europea a suavizar las exigencias ambientales incluidas inicialmente en la Política Agrícola Común (PAC), eximiendo a las pequeñas explotaciones de controles y sanciones.

Igualmente, la oposición de Francia y Alemania al texto original de la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) ha hecho que los requerimientos exigidos por la normativa hayan quedado muy diluidos respecto a la propuesta inicial.

También fue necesario incluir concesiones en la Ley de Restauración de la Naturaleza, una de las normas más polémicas y que finalmente no ha podido salir adelante en esta legislatura, habiendo quedado pendiente la aprobación del Consejo Europeo. La Ley fue aprobada in extremis en el Parlamento con los votos en contra del Partido Popular Europeo, pero queda en suspenso el compromiso de restaurar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la Unión antes de 2030, y el 100% antes de 2050.