Caso Nueva Rumasa: La defensa de los hijos de los Ruiz-Mateos culpa a su padre

Se reanuda el caso por la presunta estafa de Nueva Rumasa. Hoy los letrados han presentado al tribunal que pruebas quieren que se tengan en cuenta y cuales no. Los letrados que defienden a los hijos de Ruiz-Mateos han culpabilizado al empresario fallecido, José María Ruiz-Mateos, porque era él quien "tenía el dominio funcional de las acciones que está criminalizando la Fiscalía Anticorrupción", señala la defensa. Partiendo de esta premisa, los abogados de los seis hijos varones han pedido anular gran parte de los hechos por los que se les sienta en el banquillo.

A pesar de este intento de la defensa, la Fiscalía es contundente y ha alegado "los acusados han trabajado durante varios años en la dirección del Grupo Nueva Rumasa". Cada uno de los acusados ejercía un poder de decisión propio en sus respectivos ámbitos de actuación y, aunque la dirección última era de José María Ruiz-Mateos, "eran recíprocamente aceptadas por todos", dice la Fiscalía.

Los abogados de los Ruiz-Mateos han ido más allá y también han cargado contra el exabogado de su padre, Joaquín Yvancos. La defensa ha catalogado como nulas las pruebas contra sus patrocinados ya que se obtuvieron a raíz de la declaración de Yvancos ante la Fiscalía. "La conducta de Yvancos constituyó un delito de revelación de secretos y de deslealtad profesional porque realizaba esa conducta en un procedimiento en el que llevó la defensa del principal investigado", expresa el abogado defensor.

La Fiscalía también ha pedido al magistrado Fernando Andreu, que preside el tribunal, que los acusados no declaren al final de la vista oral, aunque eso suponga ir en contra del orden de declaración de los acusados.

Un caso de hace más de una década

La Audiencia Nacional está juzgando ahora la presunta estafa por los pagarés emitidos entre 2009 y 2011 por la sociedad Nueva Rumasa. Los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos, y otras nueve personas entre las que se incluyen trabajadores y colaboradores de la compañía, se sientan en el banquillo acusados por presunta estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La Fiscalía pide como máximo 16 años de cárcel— las penas de prisión van desde los tres años — y una fianza de casi 500 millones de euros; mientras que los más de 1.400 perjudicados exigen 171 millones.

Lo que se está juzgando es el presunto sistema que estableció el empresario José María Ruiz-Mateos a través de la emisión de pagarés. Esto le permitió obtener 337 millones de euros que venían de 4.100 particulares. De esta cantidad total, y según la Fiscalía, la empresa no devolvió 289 millones. La teoría de la Fiscalía es claro: "estos fondos fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid", a la que los acusados tenían acceso.