Fiscalía pide hasta 21 años de prisión y multas por las 'mordidas' de Convergència

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de más de 21 años de prisión y una multa de tres millones de euros para el PDeCAT como heredera política de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El escrito de acusación, firmado el 28 de octubre y consultado por elEconomista.es, se refiere al caso 3% de presunta financiación irregular de CDC entre 2008 y 2015, con Artur Mas como líder (aunque no forma parte de los acusados).

El fiscal José Grinda apunta a una treintena de acusados más 14 empresas, además de CDC y el PDeCAT, y argumenta que hubo una estrategia "sistemática" para la financiación irregular del partido a través del pago de comisiones por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública, con la "connivencia" de cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con diferentes empresarios.

Añade que esta estructura era un "sistema superpuesto y complementario" al del llamado Caso Palau, en el que CDC ya se vio beneficiada del desfalco de la institución musical entre 2000 y 2009.

Anticorrupción sitúa a los extesoreros de CDC Andreu Viloca y Germà Gordó como "centro neurálgico" y "corazón" de la presunta estructura de financiación ilícita, y por ello solicita para ellos las penas más elevadas, con 21 años y 4 meses de cárcel para el primero, y 18 años y 10 meses para el segundo, por múltiples delitos, como organización criminal, fraude a la Administración Pública, corrupción entre particulares, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La Fiscalía calcula que los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones mediante esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada y de un 7,7% en la financiación total" de la formación, informa Europa Press.

Contactos en las administraciones

Entre los acusados por el fiscal también figura el actual director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra (entonces en el cargo).

Serrallonga era en el momento de los hechos investigados el gerente de la empresa pública BIMSA, del Ayuntamiento de Barcelona, y figura como informante de los concursos públicos que se preparaban a nivel municipal en la capital catalana.

La petición de pena para Serrallonga incluye cuatro años y medio de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 17 años y medio.

Apariencia de donaciones

"Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito", explica el fiscal, que asegura que "los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido".

En cuanto a Gordó, habría sido "durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC". "Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público", explica la Fiscalía.

Viloca, por su parte, "se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones". "Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC", recoge el escrito.

Influencia política para lograr adjudicaciones

Bajo su estructura jerarquizada, los acusados adscritos a CDC y con la dirección de Gordó "llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder" de la formación, ya fuera en ayuntamientos, diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat.

De esta forma, apunta la Fiscalía, "influían en sus responsables para conseguir que dichos concursos fueran adjudicados a las empresas conniventes cuyos responsables propiciaban y autorizaban hacer afluir dinero a dicho partido político". "Ello, con el compromiso de los responsables del mismo de otorgar los diferentes concursos a las donantes", añade.

El fiscal explica que todos los acusados siguieron esta dinámica con un solo fin: "subvertir las reglas de competencia del mercando y usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo". Todo ello, anuda, "acarreando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al propio erario".

Desde la formación los acusados se habrían encargado "de implementar la estrategia acordada por los líderes del partido, supervisar la gestión y distribuir los fondos ilícitos obtenidos". Y lo hacían, añade el fiscal, "mediante un patrón de funcionamiento planificado para financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos".

Alteración de concursos públicos

Así, Anticorrupción desgaja las diversas tácticas utilizadas para la adjudicación. En algunos de los casos, "las autoridades de estas administraciones, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraban efectivamente concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las empresas de los acusados conniventes".

"Se instauró también un sistema de adjudicación de caucho que permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad. En otros casos, ni siquiera fue necesario realizar alteraciones dado que el resultado prestablecido era asumido por las empresas licitadoras no adjudicatarias", señala el fiscal.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentran los empresarios a los que se imputan estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en julio de 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado poniendo fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la "grave repercusión" para la economía española.