Catalá promete recursos para evitar el colapso judicial de las 'cláusulas suelo'

Hoy entra en vigor el plan urgente aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente a la más que previsible avalancha de litigios relacionados con las cláusulas suelo de las hipotecas. Y lo hace las acusaciones de mala planificación y previsión de medios materiales y humanos, y los augurios de que se producirá el colapso de los 54 juzgados de Primera Instancia especializados -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de Canarias y Baleares-.

En respuesta a estas críticas, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas y el CGPJ anunciaron ayer su compromiso de aportar los recursos "necesarios" para asegurar el funcionamiento de estos juzgados y garantizar así una respuesta "ágil y adecuada" a las demandas planteadas por los ciudadanos.

El anuncio, realizado tras la reunión de coordinación celebrada en la sede del Poder Judicial -y en la que participaron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes-, no concreta aún las medidas, pero sí afirma que éstas se adaptarán a las necesidades de cada territorio "de forma flexible y gradual" y teniendo en cuenta las cargas de trabajo y las prioridades que se deriven de ellas.

Asimismo, se llevará a cabo un seguimiento mensual de la evolución de la entrada de asuntos en los juzgados con el fin de revisar las medidas adoptadas para garantizar que la dotación de medios sea la adecuada en cada momento. En este sentido, las partes implicadas han dejado la puerta abierta a especializar más órganos judiciales o a adoptar nuevas medidas de refuerzo.

El Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y el CGPJ volverán a verse en septiembre para evaluar los datos recabados hasta la fecha, valorar la efectividad y adecuación de las medidas adoptadas, y, en su caso, revisarlas para asegurar su eficacia.

Tras la sentencia europea

El plan urgente, aprobado por el CGPJ el pasado 25 de mayo, atribuye a los 54 juzgados especializados la competencia para conocer de los asuntos relativos a las cláusulas de los contratos hipotecarios -cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa- que ingresen a partir de hoy, 1 de junio.

Éstos órganos judiciales, no obstante, continuarán tramitando los procedimientos que tengan pendientes -y que no sean relativos a contratos hipotecarios- hasta su conclusión.

En los territorios en los que la entrada de asuntos sobre cláusulas suelo sea superior, podrá habilitarse un juzgado bis, con uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se necesiten. Los jueces de refuerzo serán, en un primer momento, los 65 jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, que han recibido formación específica en la material.

Justicia, asimismo, se ha comprometido a nombrar tantos letrados como sean necesarios para estos juzgados, siempre que la carga de trabajo lo justifique.

El plan es la respuesta diseñada por el CGPJ al previsible aumento de los litigios como consecuencia de la sentencia de 12 de diciembre del Tribunal de la UE que declaraba la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo.

Nuevas críticas

Tras la durísima advertencia lanzada ayer por los jueces decanos, que advertían de que una situación "caótica" que ocasionaría el "colapso" de los juzgados, hoy se han sumado nuevas críticas a las condiciones en las que arranca el plan.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha incidido en que los 200.000 expedientes que se avecinan atascarán los órganos especializados y ha tachado de "lamentable" que se desconozcan los medios humanos y materiales con los que contarán los funcionarios de los mismos.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), por su parte, han criticado la falta de experiencia de los jueces que se harán cargo de los juzgados especializados, especialmente la de los que realizarán las tareas de refuerzo. También que no se haya decidido qué tipo de personal integrarán los órganos judiciales.

El Consejo General de la Abogacía Española, por su parte, celebrará hoy en Granada -en donde reúne a sus Juntas de Gobierno- un Pleno Extraordinario para fijar una posición en relación a la entrada en vigor del plan.