¿Por qué los inquilinos madrileños temen a Goldman Sachs?

El pasado año, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid vendieron unas 5.000 viviendas a firmas de inversión privadas, con Goldman Sachs y Blackstone como principales compradores. Se garantizó a los inquilinos que las condiciones no variarían, pero según constata Reuters, se han recibido decenas de notificaciones comunicando la expiración del contrato antiguo y anunciando un incremento de las mensualidades. ¿Puede el inquilino cambiar la cerradura de su piso de alquiler?

En su artículo, la agencia de noticias explica que ha hablado con más de 40 familias que se han encontrado con esta situación recientemente. O bien sus nuevos caseros les han instado a pagar más por el alquiler, que suele ser de protección oficial y por tanto más reducidos, o bien se lo han incrementado directamente.

En estas casas viven "algunas de las personas más vulnerables de Madrid", apunta Reuters, como "una madre soltera de cinco hijos desempleada con una dependiente a cargo o un enfermo de sida con un solo pulmón que en ambos casos se enfrentan a desahucios que han sido paralizados temporalmente".

Sin embargo, no hay pruebas de que las firmas de capital riesgo estén actuando de forma ilegal, ya que son los nuevos propietarios y están ejerciendo su derecho a actualizar las rentas una vez que las antiguas expiran.

Miles de pisos en sus manos

Los fondos de inversión han adquirido alrededor del 15% de las viviendas sociales que anteriormente eran gestionadas por la Administración pública. 

Entre las grandes operaciones llevadas a cabo, en agosto de 2013 Goldman Sachs-Azora se hizo con 3.000 pisos del Plan Joven del IVIMA tras pagar 201 millones de euros. Un mes antes, el fondo Magic Real Estate de Blackstone había adquirido 1.860 casas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros.

En el caso concreto de Goldman Sachs, de las viviendas que compró unas 400 se beneficiaban de un acuerdo con el gobierno regional, en base a las circunstancias personales de los inquilinos, por el que se les rebajaba la mensualidad. Según explican fuentes oficiales, estas reducciones, que llegaban a dejar la mensualidad hasta en un 20% del importe inicial, se acordaban de forma individual y por un máximo de dos años.

Desde Encasa-Cibeles, la empresa a través de la que Goldman gestiona estos activos inmobiliarios, aseguran que se han respetado las condiciones existentes mientras los contratos se mantenían en vigor, pero que una vez que finalizan, son revisados uno a uno. "Los desahucios se dan en un número reducido de casos", apunta el portavoz de la firma, que destaca que su "prioridad" es "ayudar a los más necesitados y vulnerables".

Por su parte, desde el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) afirman que "no se han lavado las manos" tras el traspaso de las viviendas y que están siguiendo el proceso para evitar que familias sin recursos sean desalojadas de sus viviendas. "Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor ya que en lugar de la EMVS aparecerá el nuevo propietario de los inmuebles", aseguraba en julio de 2013 la delegada de Urbanismo madrileña, Paz González.

Mientras tanto, los vecinos de las promociones afectadas se han organizado para denunciar su situación, tanto en reuniones como a través de la Red, y organizan protestas periódicas.

En el caso de las 3.000 viviendas compradas por Goldman Sachs-Azora, la operación se efectuó con una prima del 20% sobre el precio de salida. En el caso de Blackstone, el importe abonado por la firma llevó al PSOE madrileño a presentar una denuncia por un posible delito de prevaricación que fue admitida a trámite en agosto de este año.