Sánchez presiona a las CCAA para que apliquen el control del alquiler: anuncia 35 millones para las regiones que limiten los precios

El Gobierno presiona a las comunidades autónomas para que apliquen una de sus medidas estrella en materia de vivienda: el control de precios del alquiler. Dos años después de aprobar la controvertida ley de vivienda, el Ejecutivo ha anunciado una partida extraordinaria de 35 millones de euros para las regiones que se sumen a la declaración de zona tensionada, lo que permite topar el precio de los alquileres o modificar el régimen de prórrogas de los contratos. De este modo, deja fuera de juego y sin fondos a las comunidades que no hagan uso de esta medida.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de hacer el anuncio, cuyo objetivo es que los territorios tengan más recursos para adoptar medidas adicionales que garanticen el derecho a una vivienda asequible, así como promover la contención de rentas.

"Declarar una zona tensionada no es un éxito, es reconocer que estamos ante un problema y ponernos manos a la obra todos a la vez y de manera extraordinaria para revertirlo lo antes posible", ha dicho Rodríguez acompañada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante el acto inaugural del salón Construmat que se celebra en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Precisamente, Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta con más territorios declarados tensionados (271). En el País Vasco también hay varios municipios con esa consideración, y otros que están tramitando o van a tramitar dicha declaración, al igual que ocurre en Navarra o Asturias. Por su parte, las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazan frontalmente aplicar la medida.

La partida de 35 millones se articula en el artículo 18.5 de ley de vivienda, que contempla diseñar y adoptar medidas de financiación específicas para favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta en las zonas que se hayan declarado tensionadas.

¿Qué es una zona tensionada?

Según la ley de vivienda, las comunidades autónomas podrán declarar zona tensionada si en ellas se cumple alguna de estas dos condiciones. La primera, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. La otra condición es que el precio de compra o de alquiler de la vivienda haya aumentado en esa zona, en los últimos 5 años, al menos tres puntos por encima del IPC autonómico correspondiente.

La declaración de una zona de mercado residencial tensionado permite topar los precios de los arrendamientos. Si se firman nuevos contratos y el arrendador es un pequeño propietario, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, salvo determinados supuestos en los que podrá incrementarse en un máximo del 10%. Sin perjuicio de lo anterior, si el arrendador es un gran tenedor la renta del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices.

Respecto al régimen de prórrogas, la ley de vivienda establece que una vez finalizado el período de prórroga obligatoria o de prórroga tácita, el arrendatario podrá solicitar una prórroga extraordinaria por plazos anuales, con un máximo de 3 años, durante la cual se seguirán aplicando las mismas condiciones del contrato en vigor. El arrendador, sea o no gran tenedor, estará obligado a aceptar la prórroga salvo en casos excepcionales.