Los desahucios se reducen a la mitad en Barcelona en plena ola de okupaciones

Los desahucios se desploman en Barcelona a la vez que se disparan las denuncias por allanamiento de morada. Esta aparente contradicción, fundada en los datos del Servicio Común de Notificaciones y Embargos y del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, refleja el día a día de los operadores jurídicos de la capital catalana, como ha constatado este medio. Su origen se halla en el Covid. En 2020, el Gobierno aprobó un llamado "escudo social" que incluía, entre otras medidas, la suspensión de los procedimientos de desahucio que afectaban a personas vulnerables. Esta moratoria se ha mantenido en pie hasta ahora y se extenderá al menos hasta finales de 2025.

La consecuencia directa de esta medida es que los lanzamientos se han reducido prácticamente a la mitad entre 2021 y 2024 [ver gráfico]. Si hace cuatro años la cifra era de 3.145 (en el caso de las viviendas), el ejercicio pasado el dato se desplomó hasta los 1.646 procedimientos de desalojo. En el caso de los locales comerciales, el volumen de lanzamientos también se ha reducido en un 50%, aunque en este caso se ha producido una corrección del mercado impulsada por la pandemia.

En el segmento residencial, la caída se atribuye directamente a la estrategia del Ejecutivo para proteger a los inquilinos vulnerables. Es decir, aquellas unidades familiares cuyos ingresos totales no superen tres veces el IPREM, un índice de referencia usado en España para determinar el umbral de ingresos para acceder a determinadas ayudas, subvenciones o servicios públicos.

Inseguridad jurídica

"Hay una inseguridad absoluta para el propietario. En la práctica, si antes del Covid sabías que un desahucio podía tardar un año y poco, ahora los procedimientos se extienden mucho más. Hay procedimientos suspendidos porque el propietario tiene más de dos viviendas, con lo que algunos jueces entienden que puede prescindir de una", explica Pablo de Palacio, abogado y criminólogo.

La elevada casuística, añade, dificulta predecir de antemano el desenlace de los litigios: "Si el okupa o inquiokupa acredita su situación de vulnerabilidad, aunque existan unos parámetros en la ley cada caso siempre se examina de forma individualizada, generando en ocasiones inseguridad jurídica pues la decisión de suspensión no siempre se rige por criterios tasados".

La disminución de expedientes de desalojo convive con un ascenso de las denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles en Cataluña. En concreto, la demarcación de Barcelona concentra el grueso de los casos registrados, dada también su mayor población, al mismo tiempo que lidera la clasificación nacional.

La provincia suma el 30,9% del total de allanamientos de España, con 5.077 denuncias en 2024. En un solo año, el incremento registrado por el Ministerio de Interior supera el 10%, por encima del promedio nacional.

Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Inmobiliaria, corrobora el difícil panorama que viven los arrendadores: "La moratoria antidesahucios ha generado una gran controversia en Barcelona y en toda Cataluña, que hoy encabezan el número de denuncias por okupaciones en España. Lo que nació como una medida para proteger a familias vulnerables durante la pandemia, ha terminado por alimentar un fenómeno muy complejo: la okupación se ha disparado, sobre todo en zonas urbanas, y muchos pequeños propietarios se sienten desamparados".

En el caso de las ejecuciones hipotecarias, "han bajado en los últimos años, aunque con pequeños repuntes recientes por la subida de tipos en 2023. "Sin embargo, hoy el gran problema ya no es perder la casa por no pagar la hipoteca, sino no poder recuperarla aunque sea tuya y esté ocupada", explica Gulias.

"En resumen, la inseguridad jurídica está expulsando del mercado a muchos pequeños propietarios, que prefieren dejar sus viviendas vacías antes que enfrentarse a meses de conflictos, impagos o chantajes. Y eso, inevitablemente, reduce la oferta de alquiler, sube los precios y alimenta aún más la tensión social", concluye el primer directivo de RN.