El 'Govern' quiere construir más vivienda pública hasta 2030 que en casi 40 años

El Govern se ha marcado un reto ambicioso para paliar la crisis habitacional en Cataluña: construir 50.000 viviendas públicas en los próximos seis años. Esta promesa, formalizada por el presidente Salvador Illa en su primer debate de política general en el Parlament, va acompañada de una batería de medidas administrativas y financieras --la hoja de ruta prevé movilizar un montante cercano a los 6.000 millones de euros-- que tiene por objetivo engrosar el parque residencial público en la comunidad, que hoy supone el 2% del total de viviendas frente al 15% de la media europea.

La meta del ejecutivo socialista no solo es ambiciosa, sino que supera ampliamente la promoción liderada por los anteriores inquilinos de la Generalitat. Según el anuario del Incasòl, el ente autonómico encargado de la creación de vivienda de protección oficial (VPO) así como de la urbanización de suelo para actividades económicas, los pisos construidos entre 1982 y 2020 ascendieron a 33.618 unidades. Es decir, en 40 años de actividad del Incasòl no se pudo igualar la cifra de 50.000 viviendas a la que se ha comprometido el PSC. En Cataluña existen otros agentes que impulsan la vivienda social, pero el Incasòl es el organismo más importante directamente vinculado con la Generalitat.

El documento del Incasòl detalla la cantidad de viviendas iniciadas y terminadas cada año. Estos datos siembran dudas sobre la viabilidad de la operación anunciada por el Govern. El año con más unidades entregadas se remonta a 1985 (2.300 viviendas). De hecho, los ejercicios inmediatamente posteriores a la constitución del Incasòl registraron una intensa promoción inmobiliaria, que decayó abruptamente entrada la década de los noventa hasta remontar en el periodo 1994-1997.

Estos vaivenes se mantienen en el conjunto del periodo analizado. Así, otro pico se observa en el trienio 2008-2010, coincidiendo con la época dorada del ladrillo. Si bien conviene resaltar que en estos tres años no se logró entregar más de 2.000 unidades por ejercicio. Se trata, además, de los ejercicios en que el Incasòl destinó más dinero a la construcción de VPO, en concreto un total de 589 millones de euros.

Garantías institucionales

La memoria del organismo autonómico demuestra, según las fuentes del sector consultadas, tanto las dificultades como la endeblez de la actividad promocional de la Generalitat hasta la fecha. Eso no significa que el desafío de las 50.000 nuevas viviendas sea inalcanzable.

"A diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora la vivienda es un problema acuciante. Además, ha habido 15 años de parón por la crisis inmobiliaria durante los cuales prácticamente no se ha construido nada", reflexiona José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Esta nueva coyuntura puede contribuir, según el experto, a generar mayor colaboración entre actores públicos y privados. Para cimentar esta entente, Montalvo subraya las garantías brindadas de antemano por las administraciones.

"El problema de los plazos importa porque no es lo mismo financiar un proyecto a tres años que a diez años. Pero hay otro factor casi tan importante que es la incertidumbre. ¿Este proyecto saldrá en dos, en tres, en 30 años como Campamento o Madrid Nuevo Norte? Esta incertidumbre mata cualquier proyecto", sostiene.

No es la única propuesta para garantizar el éxito del plan 50.000. El profesor de EADA Business School, Jaime Ferrer, pone el foco en la construcción industrializada como instrumento para acelerar la promoción pública. "El plazo de ejecución mediante este tipo de tecnologías se divide por dos. Además, tiene otros efectos beneficiosos. Por un lado, contribuye a reindustrializar Cataluña y el conjunto de España y contribuye a paliar déficits de mano de obra. También tiene ahorros en el consumo de agua", expone.

A diferencia de la construcción tradicional, "el 80% del valor de la vivienda industrializada se genera en una fábrica". "Eso permite economías de escala, se trabaja como si estuvieras en una planta de automóvil pudiendo automatizar los procesos para hacer los mismos metros cuadrados con mucha menos mano de obra", recalca Ferrer, que también coordinó el proyecto Economía Circular España finalizado el año pasado.

Promociones "seriadas"

El docente de EADA también aborda el fleco de los trámites administrativos, una de las reclamaciones constantes de los privados. Para aligerar el papeleo, Ferrer propone avanzar en las promociones "seriadas", sobre todo en alquiler, que ya están autorizando otras autonomías.

"Se podría hacer una macrolicitación en zonas contiguas o al menos en el mismo término municipal y conceder una macrolicencia. Pero a lo mejor no interviene un único promotor, sino tres promotores con tres constructores. Eso quitaría mucho papeleo", explica el profesor.

Sobre la reserva de suelo público, otra iniciativa anunciada por el Govern que concentrará todos los solares de equipamientos disponibles en la comunidad para destinarlos a uso residencial, Montalvo se muestra partidario y manifiesta que hará más eficaz el diseño de políticas públicas. El catedrático señala que en muchas ocasiones son los entes locales quienes dificultan la obra nueva, por lo que "hacer que las competencias locales suban a un nivel administrativo superior".

Son muchas las propuestas que se pueden implementar para que el objetivo de las 50.000 viviendas de Illa no quede en papel mojado. El gobierno autonómico reconoce que se juega su credibilidad en este empeño. Hay tiempo hasta 2030.