La 'mano negra' de Hacienda que ha dejado fuera de la ley de vivienda a los agentes inmobiliarios

"Más de dos años de trabajo con la implicación de 100 personas tirados a la basura". Con esta frase se podría resumir como se sienten los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España tras haberse quedado fuera de la nueva ley de Vivienda.

¿El motivo? La decisión de un alto funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda que ha sido la mano negra para que este colectivo, que se dedica a intermediar en las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles, hayan sido excluidos de la nueva normativa.

Empecemos por el principio. Gerard Duelo, presidente del Consejo General COAPI España, tomó las riendas para lograr un objetivo común que persigue el sector desde hace año: profesionalizar el mercado de la intermediación inmobiliaria.

Cuando se puso sobre la mesa la intención del Gobierno de aprobar la primera ley de vivienda Duelo inició conversaciones con el Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda Urbana para aprovechar la creación de una nueva normativa en la que se recogieran 14 peticiones del sector. "La receptividad del Gobierno fue muy buena, con conversaciones muy productivas", explica Duelo. Sin embargo, cuál fue su sorpresa al ver que en el primer borrador de la ley no se había recogido ninguna de sus propuestas.

"Se nos aconsejó que como el propio Gobierno no podía hacer enmiendas a sí mismo, habláramos con cada uno de los presidentes de las Comisiones de Vivienda de todos los partidos del arco parlamentario y así lo hicimos. Hablamos con casi todos y todos y cada uno de ellos nos daban la razón".

¿Qué pedían desde COAPI?

Entre otras medidas, una de las más relevantes es la creación de un registro obligatorio para los agentes inmobiliarios "que no persigue otro objetivo que el de proteger a un consumidor totalmente desprotegido de un mal asesoramiento", explica Duelo, que destaca que "hoy, cualquier persona sin preparación alguna sigue valiendo para alquilar o vender una casa, cuando esta es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier ciudadano", apunta Duelo.

Así solicitaban unos requisitos mínimos de formación y la obligatoriedad de que cualquier agente cuente con un seguro de responsabilidad civil, entre otras cosas.

En este sentido, Duelo destaca que Cataluña cuenta desde 2011 con un registro obligatorio en el que están registrados alrededor de 8.500 agentes, mientras que en la Comunidad de Madrid, donde le registro es voluntario, apenas hay 800 agentes, "cuando nos consta que están operativos alrededor de 10.000", apunta el experto.

Se reactivan las conversaciones y se alcanza un acuerdo

Durante casi un año el borrador de la ley de vivienda se quedó cerrado en un cajón y cuando se reactivaron las negociaciones "empezamos una segunda ronda de contacto con el MITMA en la que logramos llegar a un acuerdo", explica Duelo.

"Dentro de este acuerdo se encontraba el punto 30.4 que recogía dos puntos: el registro obligatorio en cada CCAA y la obligatoriedad del seguro civil". "Tengo que agradecer al MITMA que vio claros estos dos puntos y aunque estábamos disgustados por que el resto de habían caído de las negociaciones, estas dos medidas se incluían finalmente en la Ley", explica.

Sin embargo, dos días antes de su lanzamiento público "a las seis de la tarde recibimos una notificación de que un alto funcionario del ministerio de Economía y Hacienda no estaba de acuerdo con el punto 30.4 y nos teníamos que reunir con él".

"El objetivo de este funcionario era poner un registro voluntario, no obligatorio y en las negociaciones, en las que hubo bastante tensión, nos propuso que a cambio de quitar poner el registro voluntario el aceptada la obligatoriedad del seguro civil de los agentes", apunta Duelo.

Pero esa no era una opción. "Si aceptábamos eso y la ley estatal recogía un registro voluntario las regiones como Cataluña o Valencia (está en proceso de crear su registro obligatorio) perderían esta condición", apunta el experto. Por lo que se negaron ya que suponía retroceder.

"Nosotros le ofrecimos eliminar el registro del punto 30.4 y dejar únicamente el seguro civil, pero su respuesta fue que: "éramos muy listos y que en base a controlar la obligatoriedad de los seguros crearíamos un registro", y yo me pregunto ¿eso que tiene de malo?", concreta Duelo.

"O lo tomas o lo dejas". Esta fue la situación. "En diez minutos tuvimos que tomar la decisión y aunque era muy frustrante quedarnos sin los dos últimos puntos de las 14 peticiones que habíamos solicitado decidimos no ceder al registro voluntario", explica el presidente del Consejo General COAPI España.

"Nos dimos cuenta de que este funcionario quizás sabía mucho de economía y finanzas, pero poco del mercado inmobiliario", sentencia Duelo.