La derecha golpea a Ximo Puig con el Impuesto de Sucesiones

El presidente valenciano y candidato del PSPV a la reelección, Ximo Puig, ha optado por modificar su postura sobre el Impuesto de Sucesiones ante el bombardeo sufrido por parte de PP y Ciudadanos, que han hecho del tributo una de sus banderas electorales para las autonómicas del próximo 28 de abril inspirados en el movimiento contra el mismo en Andalucía. El dirigente, tras varias semanas repeliendo los ataques del centro derecha con el argumento de que su gobierno solo subió el impuesto a las grandes herencias, vira ahora en su estrategia con la promesa de eximir del mismo a las empresas familiares.

Los cambios en los impuestos de Sucesiones y Donaciones los aprobó el Ejecutivo de PSPV y Compromís en 2016 para su entrada en vigor en 2017. En concreto, eliminaron la reducción a particulares de 100.000 en la cuota por razones de parentesco o para donatarios que dispusieran de un patrimonio preexistente superior a 600.000 euros (antes el límite era de 2 millones).

Además, la reducción autonómica (de entre el 90 y el 95 por ciento) por transmisión de participaciones, empresa individual o empresa agrícola quedó limitada exclusivamente a las empresas de reducida dimensión, considerándose tales las empresas con menos de 10 millones de facturación. También se eliminó por completo la bonificación del 75 por ciento en la cuota del impuesto.

¿Y qué supuso en la práctica esta medida? Según los ejemplos prácticos puestos por el Consejo General de Economistas de España en su informe 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017, aquel año heredar pudo costarle el doble al contribuyente valenciano y recibir una donación, hasta el cuádruple. En el caso de las sucesiones el análisis se realizó con el supuesto de una persona soltera que heredaba bienes por valor de 800.000 euros. Dicho individuo pagaría en la Comunitat algo más de 63.193 euros -casi el 8 por ciento de la cantidad-. El importe resultante era justo el doble de lo que habría pagado esta misma persona en 2016.

En respuesta a este cambio, que ha sido uno de los que más impacto ha tenido entre los contribuyentes valencianos esta legislatura, tanto PP como Ciudadanos han prometido en esta campaña acabar con el tributo, la que fue una de las medidas estrella que llevaron al popular Juan Manuel Moreno Bonilla a la presidencia de la Junta de Andalucía. Allí el Gobierno ya trabaja de forma intensa para la aplicación de esta medida, circunstancia que dota de credibilidad la propuesta de la oposición valenciana.

Prueba de que se trata de un duro golpe para el actual Ejecutivo es el movimiento del presidente Puig, que sorprendía esta semana con la propuesta de una rebaja del tributo para contrarrestar el mensaje en su contra. En concreto, lejos de la exención general que plantea el centro derecha, el socialista promete elevar del 95 al 99 por ciento la bonificación del impuesto para las empresas familiares de la Comunitat.