Las restricciones, tras las elecciones: así esquiva la Generalitat Valenciana la bronca con Cabify

Dos meses de tregua con los que el Gobierno Valenciano esquiva una posible huelga en pleno proceso electoral. Este es el escenario que ha logrado la Generalitat Valenciana por parte de Cabify pese al Decreto que entra en vigor este martes, con el que restringe en la autonomía el negocio de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en beneficio del sector del taxi. ¿La razón? La norma contempla un margen de ese periodo, dos meses, hasta empezar a aplicar la principal restricción del Decreto: la imposición a las plataformas de una precontratación mínima de 15 minutos.

"A fecha de hoy, la compañía opera con normalidad en la Comunitat Valenciana", explicaba este lunes la firma española en un comunicado, en el que agregaba que "trabaja ya para analizar el texto publicado y también para adaptar su modelo operativo a aquellos requisitos impuestos por la normativa autonómica". Preguntadas al respecto, fuentes de Cabify concretaban que tal decisión responde al periodo en el que la restricción de los 15 minutos no será efectiva por el momento.

En consecuencia, parece que Cabify ha priorizado la caja que pueda hacer estos dos meses a la reivindicación de su servicio mediante movilizaciones, una decisión que, en caso de prolongarse hasta el próximo 28 de abril, libraría a la Generalitat Valenenciana de un incómodo conflicto antes de los comicios.

Cabify, por contra, criticó con dureza la medida en su escrito, en el que aseguró que el 98,5% de los viajes gestionados a través de su aplicación "están por debajo de los 15 minutos de espera". Cabe subrayar al respecto que los taxis sí podrán realizar precontrataciones con tiempos inferiores al cuarto de hora. La medida es solo contra las VTC.

En esta línea, denunció que la restricción del Consell "restringe la libertad de elegir de los ciudadanos" y que "pone en riesgo los más de 500 empleos generados en los últimos años por el sector VTC". En estos dos meses la empresa se muestra "dispuesta a hablar y trabajar con la administración para abrir nuevas vías" y espera lograr "un marco de trabajo común entre el sector del taxi y la VTC".

La compañía afirma estar analizando el decreto "en busca de la mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los valencianos" con el objetivo de seguir operando tanto en Valencia como en Alicante, ciudades donde, según sus datos, cuenta con más de 300.000 usuarios.