Comunidad Valenciana
La Generalitat Valenciana deberá recalcular sus ingresos por concesiones sanitarias
- Los Presupuestos 2018 recogen 300 millones, que podrían limitarse a 50
Olivia Fontanillo
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avala la validez del cálculo de las liquidaciones pactadas en la comisión mixta del Departamento de Salud de L'Horta Manises -integrada por la Generalitat Valenciana y la empresa gestora, propiedad de Bupa Sanitas-, sienta un precedente trasladable a las otras cuatro áreas en concesión -Alzira, Dénia, Elche y Torrevieja-, según las fuentes jurídicas consultadas.
La decisión judicial -que es recurrible- tendrá un impacto directo en los ingresos previstos por la Conselleria de Sanidad en los Presupuestos de la Generalitat para 2018 en concepto de liquidaciones hasta el año 2015, cifrados en 300 millones. Según las estimaciones del sector, esta cantidad podría reducirse a un máximo de 50 millones.
La gestora de Manises, Especializada y Primaria L'Horta Manises, llevó ante la justicia la decisión de la Conselleria de modificar, de forma unilateral, en 2015, el saldo de la liquidación correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010, que se había acordado previamente en comisión mixta. El TSJ estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, al considerar que esta corrección "no es acorde a Derecho", por lo que la "anula y deja sin efecto".
El principal punto de conflicto entre las partes es el cálculo de los gastos por atención a pacientes desplazados entre departamentos de salud. Estas correcciones elevaban hasta unos 181 millones de euros la cantidad reclamada por Sanidad a la empresa en el periodo 2009-2013.
De confirmarse estas cantidades, habrían afectado a las conclusiones de la auditoría de la Sindicatura de Cuentas sobre el Hospital de Manises, que arrojaban un ahorro del 24,6% para las arcas públicas de la gestión en concesión respecto a los ratios de los centros de gestión pública directa.
El incumplimiento de las liquidaciones de las concesiones sanitarias ha sido sistemático desde la entrada en funcionamiento de esta fórmula, en 1998, en Alzira. A pesar de que los contratos recogen la liquidación anual, en algunas de las cinco concesiones -las de Dénia, vigente desde 2009, y Elche, desde 2010-, no se ha realizado ninguna.
El recurso de Bupa Sanitas se planteó en 2015, bajo gobierno del PP. En noviembre de ese año, la nueva Conselleria de Sanidad pidió un informe a la Intervención de la Generalitat sobre las liquidaciones de concesiones sanitarias entre 2002 y 2012. Hasta su entrega, en noviembre de 2017, se paralizaron los nuevos cálculos de liquidaciones, pese a que las concesionarias han demandado reiteradamente su ejecución.
La Intervención avaló los cálculos de liquidaciones en el periodo analizado e instó a resolver las pendientes. Para ello, exige que se defina un procedimiento claro.
Un ejemplo de las graves discrepancias entre los cálculos es el del Departamento de Salud de Dénia, gestionado por Marina Salud -participada en un 65% por DKV y un 35% por Ribera Salud-. La Generalitat planteó un saldo a su favor de 107,7 millones, pese a que el cálculo de la comisión mixta arrojaba un balance positivo para la gestora de 104.000 euros.