Gürtel: Nueve empresarios confirman la financiación ilegal al PP valenciano y Correa apunta a Ricardo Costa

Los nueve empresarios acusados en el juicio por la rama de la trama Gürtel centrada en la presunta financiación ilegal del PP valenciano han confirmado aportaciones ilegales a las campañas del partido para las elecciones de 2007 -autonómicas y municipales- y las generales de 2008. En concreto, habrían aportado 1,2 millones de los 3,4 millones que el PP abonó en total a la sociedad Orange Market, vinculada a la Gürtel.

En la segunda sesión del juicio por presuntos delitos electorales, fiscales y de falsedad, han declarado ante el juez algunos de los hombres fuertes del empresariado valenciano de las últimas décadas -Enrique Ortiz (Cívica); Gabriel Batalla (Lubasa); Vicente Cotino (Sedesa); Rafael y Tomás Martínez Berna (Hormigones Martínez); José Enrique Fresquet (Pavimentos del Suroeste); Enrique Gimeno (Facsa), y Alejandro y Antonio Pons (Dols y Piaf)-, que pactaron con la Fiscalía su confesión para evitar penas de cárcel, sustituidas por multas. Estas empresas tenían prohibido hacer donaciones al PP, por tener contratos vigentes con la Administración.

Los empresarios ratificaron la confesión del líder de Gürtel, Francisco Correa, respecto a la emisión de facturas falsas por servicios no prestados a Orange Market. Correa afirmó ayer que sus trabajadores hicieron "un trabajo honrado" y real y que fue el PP el que indicó a Orange Market que, para cobrar, debía facturar a empresas actos de las campañas. Asimismo, cree que a éstas se les "obligó" a pagar si querían acceder a contratos públicos.

En concreto, detalló que Pablo Crespo era el que llevaba "el día a día" de las empresas de la Gürtel en Valencia y quien se reunía con Ricardo Costa -es secretario general del PPCV- para concretar estos detalles. Además de Costa, están siendo juzgados Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, y otros tres exdirigentes del PPCV.

Los exdirigentes del PP -para los que se piden entre seis años y medio y siete años y nueve meses de prisión- aseguraron ayer, en la primera sesión del juicio, en que desconocen cómo se financiaron las campañas de 2007 y 2008.

Correa entregó, la semana pasada, su confesión por escrito en la Audiencia Nacional, con el objetivo de negociar una reducción de su condena. El cabecilla de la Gürtel apunta directamente a la excúpula del Gobierno del PP dirigido por Francisco Camps.

La red de Gürtel sería sólo una de las ramas de la presunta trama de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana, centro de la investigación del caso Imelsa. Esta causa investiga la presunta adjudicación irregular de contratos públicos, a cambio de comisiones, y el blanqueo dentro del partido, en una red que alcanzaría desde empresas públicas al Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y la Generalitat.