El Consell estudia fórmulas para que "los responsables" paguen la multa de Bruselas por el déficit oculto

El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, destacó que la multa de las autoridades europeas de 18,93 millones de euros por manipulación de los datos del déficit es resultado de "la mala gestión del PP" y anunció que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiarán fórmulas para que la paguen "los responsables de este hecho inédito en la historia europea". En esta línea, Compromís presentará una iniciativa en las Cortes Valencianas para llevar al Tribunal de Cuentas el caso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por España contra la imposición por Bruselas de una multa de 18,93 millones de euros por manipulación de los datos del déficit, provocada por las facturas sanitarias 'ocultas' en la Comunitat Valenciana bajo gestión del PP, que, tras revelarse, obligaron a revisar las estadísticas.

El 13 de julio de 2015, Bruselas aprobó la multa y el Gobierno de España la abonó el 28 de enero de 2016. En noviembre de ese año, aplicó los 18,93 millones -más intereses- en la entrega a cuenta del sistema de financiación autonómica a la Comunitat Valenciana. La decisión del Tribunal acaba con la posibilidad de recuperar toda o parte de la sanción, puesto que, aunque admite que la cooperación de España "puede ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante para el cálculo", se mantiene el importe.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apuntó que "sería bueno" que el Gobierno central "devolviese el dinero" a la Comunitat, "ya que a quien se le ha impuesto es al Reino de España".

Primer castigo en la UE

Esta multa fue la primera de Bruselas por manipulación contable a un estado -posteriormente, hay otra a Grecia-. Se estima que hubo "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios" durante años. En concreto, se investigaron facturas del periodo 2008 a 2011, por unos 1.900 millones. Los hechos se destaparon en 2012, cuando el Gobierno informó al Eurostat de la revisión al alza del déficit nacional en 0,4 puntos, tras salir a la luz estas cantidades.

La sentencia desestima cada una de las alegaciones de España, centradas en cuatro puntos, la vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración, la inexistencia de infracción y el carácter desproporcionado de la multa que le impuso el Consejo.

El Tribunal Europeo indica que, "en contra de cuanto afirma España, ni la circunstancia de que la tergiversación afecte al déficit de una sola comunidad autónoma, dentro del conjunto del déficit público, ni el hecho de que España cooperase en la investigación de la Comisión, tras haber señalado espontáneamente las irregularidades a dicha institución, pueden cuestionar la calificación de negligencia grave adoptada por el Consejo".