La Generalitat pide 172 años de cárcel para el exconseller Blasco y los 21 acusados del Caso Cooperación

La Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el caso Cooperación, solicita una pena de 17 años y medio de prisión para el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco (PP) por dirigir, junto al empresario Augusto César Tauroni y el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares, el fraude de ayudas a ONGs y el proyecto de construcción de un hospital en Haití. En total, pide 172 años y medio de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 del Caso Cooperación, que considera que actuaron como un "grupo criminal".

Esta parte ha presentado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 21 de València su escrito de acusación por estas piezas, en las que se investiga a 21 personas por posibles delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Además, reclama, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad total de 8.035.942,45 euros, de los cuales 5.035.942,45 euros corresponden al daño patrimonial de la causa y tres millones al daño moral ocasionado a la imagen de la Generalitat y desprestigio del mundo de la cooperación.

La Generalitat reclama unas indemnizaciones que "verdaderamente sean disuasivas" y "no hagan que dicha institucionalidad sea un escenario de ciencia-ficción". "El daño ocasionado a la imagen de la conselleria fue tal que llegó a desaparecer con la configuración del nuevo gobierno, quedando limitada su infraestructura y perdiendo el rango de departamento autonómico", agrega.

Blasco y su equipo de la conselleria ya fueron condenados en la pieza principal del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento -la 4 y la 5-. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.

Las penas para los 21 acusados

La Abogacía de la Generalitat acusa a Blasco, quien también fue portavoz del PP en las Corts, de un delito de organización criminal y de otro de malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa. Así, le reclama 17 años, seis meses y un día de prisión.

Pero la pena más elevada que reclama esta parte es para Augusto César Tauroni, para quien solicita 22 años, seis meses y un día de cárcel. Le atribuye presuntos delitos de organización criminal, de malversación en concurso con prevaricación y falsedad en documento mercantil, y de blanqueo de capitales.

A Tauroni y Blasco les sigue Llinares, con 16 años y medio de cárcel, y Luis Castel, responsable de la empresa evaluadora Caaz, para quien reclama 13 años. La Abogacía de la Generalitat solicita, asimismo, nueve años y medio de prisión para Arturo Tauroni, hermano de Augusto César y también director de la Fundación Hemisferio, para María Isabel Castillo, exsecretaria de Tauroni, y para Alfonso Navarro, administrador de Arcmed y presidente de Hemisferio.

También reclama nueve años de prisión para Rafael Barrera, presidente de la organización Fudersa; siete años y medio para Adolfo Soler, exadministrador de Dinamiz-e, una de las empresas de Tauroni y para José Bollaín, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas pertenecientes a cinco ONG.

Por otro lado, la Abogacía del Consell pide siete años de prisión para Luis Freire, administrador de APIMA Ingeniería S.L.; Jesús Urquiza, director técnico y trabajador de Inversiones y Estudios Caaz; para Josep María Felip, ex director general de Cooperación, y para José Luis Mezquita, administrador de Matuscas.

Además, solicita cinco años de cárcel para Alina Indiekina, mujer de Tauroni y también vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation; y para Fernando Cañete, administrador de Fudersa.

Reclama tres años para Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad; para Rosa María Castelo, empresaria que cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura; y para Alberto Pampín; dos años para María Dolores Escandell, exjefa de Servicio, y un año y medio para Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira.

Petición de la CVONGD

Las penas de prisión que solicita la CVONGD para los principales responsables de la trama son de 22 años de prisión para Augusto César Tauroni; 16 años para Blasco; 14 años para el exjefe de Servicio Marc Llinares y para el responsable de la empresa evaluadora, Luis Castel Aznar; ocho años para el ex director general Josep María Felip, y siete años para el expresidente de la organización Fudersa, Rafael Barrera, entre otros.

Está pendiente de resolución el recurso de apelación por el que la CVONGD ha solicitado que se incluya entre los acusados a Fernando Darder, expresidente de la organización Esperanza Sin Fronteras; a Carmen Escriva, evaluadora de Biconsulting (UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL), y que siga el procedimiento respecto a Josep Maria Felip por los hechos relacionados con las convocatorias del 2011.

La presidenta de la CVONGD, Trini Blanch, ha afirmado que después de cinco años de instrucción de este caso y la primera sentencia en firme de la pieza 1, "ahora se vuelve a demostrar que la trama era una asociación ilícita o banda criminal cuyo fin siempre fue apropiarse de los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo".

Blanch ha añadido que "su manera de defraudar fue la de falsear documentos para cumplir requisitos de las convocatorias y dar apariencia de legalidad a través de la manipulación de las puntuaciones de los proyectos afines a la trama". "De hecho, hasta se llegaron a crear organizaciones como la Fundación Hemisferio y empresas instrumentales en paraísos fiscales expresamente para participar en el fraude", detalló.