Manuel Illueca: "El Banc de la Generalitat será referente de cooperación público-privada"

Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), se ha convertido, en el último año y medio, en la figura clave a la que el Consell ha confiado la búsqueda de soluciones técnicas a algunos de los grandes retos financieros de la Generalitat y de instituciones y organismos a ella vinculados. Por sus manos han pasado desde la búsqueda de soluciones para el propio IVF y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) a la situación de las Ferias de Valencia y Alicante, los clubes de fútbol regionales o la posible reversión de las concesiones sanitarias. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Administración y Dirección de Empresas, compagina su trabajo al frente del IVF con su labor docente en la Universitat Jaume I de Castellón y como investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). (Para leer esta entrevista completa, así como otras noticias, reportajes y análisis puede acceder en este link al nuevo número de la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).

El IVF ha pasado de ver limitadas sus competencias a ser centro de una de las grandes apuestas de la Generalitat, el banco público. ¿Cómo se afronta en el instituto esta nueva etapa?

El antiguo IVF murió, aunque no se liquidó, porque existía una cartera viva que gestionar. Su recuperación es una de las apuestas del Consell. Hemos creado un nuevo proyecto, con nueva estructura interna, sistemas, objetivos y procesos, evitando los errores pasados. El IVF tiene 3 funciones asignadas: financiación de la Administración, control del sistema financiero y banco de desarrollo. Al llegar, nos encontramos una herramienta de promoción y financiación empresarial que estaba muerta, no realizaba operaciones de financiación, por varios motivos: porque se había quedado sin competencias en esta materia, traspasadas al Ivace -Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial- en la última legislatura, y por la propia atonía del mercado y la insuficiencia financiera de la Generalitat. Hemos revertido esta situación. Lo primero fue abordar una reestructuración y un cambio interno, porque me encontré una plantilla excéptica y desmotivada. Hoy están implicados en el nuevo proyecto. Además, afrontamos el reto de trabajar en la recuperación de otra herramienta clave para la empresa valenciana, la SGR, con un plan de viabilidad bien acogido y respaldado por la banca. Tenemos el mandato de transformar el IVF en un banco de promoción de financiación empresarial, promotional bank; en un ICO -Instituto de Crédito Oficial- valenciano. Como parte de este proceso, hemos abordado la escisión de la actividad del Instituto en dos áreas: la financiación de la Generalitat y la supervisión del sector bancario se harán a través de una agencia de política financiera y la financiación empresarial, con el Banc de la Generalitat. Internamente, ya se ha hecho la división y se constituirá como entidad en 2017.

¿El nuevo banco público tendrá ficha bancaria?

Nos inspiramos en modelos que han funcionado en otros países europeos y en España, adaptándolos a la Comunitat, como el ICO, el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Vasco de Finanzas. No necesitamos ficha bancaria, porque no vamos a captar depósitos, sino que la financiación la obtendremos de otras vías. Sí creemos que se debería avanzar hacia un modelo en el que los bancos regionales de desarrollo tuviesen un estatus jurídico y una ficha especial, que reconozca su realidad, distinta a la de un banco privado, y sus obligaciones. Mientras, queremos dejar claro que las cosas se hacen bien. La Intervención General de la Generalitat delegará parte de sus atribuciones de supervisión en el Banco de España, para que revise nuestro trabajo.

El proyecto ha suscitado algunos recelos, por su posible competencia con los grupos privados. ¿Cómo se plantea su relación?

Posiblemente seamos los principales promotores de la cooperación público-privada dentro de la Generalitat. No sólo no competimos con los grupos financieros, sino que colaboramos con ellos y con los inversores. Lo que pretendemos es que no se queden proyectos de inversión interesantes sin abordar por problemas de financiación y límites de riesgos. Damos apoyo y cobertura para cubrir esos huecos y completarlos. Con este enfoque, un euro nuestro se multiplica, al atraer capital privado. Tenemos liquidez más que de sobra para atender las necesidades de esta primera etapa, tanto con fondos procedentes de la cartera de operaciones, con el sector público y privado, como con la dotación asignada en los Presupuestos de la Generalitat y con fondos estructurales de la Unión Europea. A final de año, una parte de la deuda que tiene el IVF con la Generalitat se transformará en capital, que pasará de 60 a 200 millones. Tenemos un activo de en torno a 1.000 millones de euros y estamos trabajando para monetizarlo, con un gran esfuerzo, para poder invertirlo en empresas.

Desde hace tres meses, tenemos seis líneas de financiación operativas, con 45 millones asignados -para turismo, sector agroalimentario, crecimiento e internacionalización, economía social, microcréditos para autónomos y microempresas y préstamos participativos para emprendimiento- y hemos recibido bastantes solicitudes. A corto plazo, nos llegarán 30 millones de Europa. En la próxima comisión de inversión se aprobará una nueva línea para circulante de micropymes y autónomos y se está trabajando en instrumentos de capital riesgo y préstamos participativos con grupos financieros. En 2017, habrá una línea con la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), para proyectos de emprendimiento innovador.

En la práctica, con el factor de apalancamiento esperado, podemos alcanzar en torno a 175 millones de financiación al sector privado. Todo ello, siempre de forma profesional y con análisis de riesgos serio.

¿Cuál ha sido la respuesta empresarial a estas líneas de financiación?

Hace cuatro años que el IVF no ha firmado operaciones de financiación. Una de las tareas es dar a conocer las líneas de financiación al empresariado y a entidades financieras. Las empresas agradecen tener una alternativa de financiación. En los mejores momentos del IVF, firmaba 60 operaciones de financiación al año, por unos 100 millones de euros. Luego inició un declive, por diferentes circunstancias. Por ello, tenemos que tener un papel activo y no esperar a que las operaciones lleguen. Hemos creado un Departamento Comercial nuevo, que nunca ha existido en el IVF, que está haciendo una labor directa con las empresas. El programa de microcréditos para autónomos ha suscitado mucho interés. Hemos aprobado ya 20 operaciones y hay alrededor de 30 más en estudio. En cuanto a las líneas para empresas, están empezando a despegar también ahora, con operaciones de todo tipo. Estamos negociando acuerdos con entidades financieras para compartir riesgos, tanto las de la Comunitat -Caixa Ontinyent y cooperativas de crédito- como grandes grupos -como Bankia o La Caixa-. Además, en el mercado actual, la inmediatez en la respuesta es crítica, por lo que ciertas operaciones las podré aprobar directamente yo, como director general, y la comisión de inversiones se ocupará de las de mayor importe o más complejas.

¿La morosidad ha dejado de ser una amenaza para el IVF?

La cartera tiene un índice de morosidad muy elevado -superior al 60 por ciento-, por las estrategias pasadas, que ya han cambiado. Tenemos cubiertos los riesgos, con un índice de solvencia que no deja dudas sobre el IVF. La cartera está bien provisionada y sólo vamos a afrontar operaciones con empresas solventes. Nuestra situación financiera es saneada y cerraremos 2016 con beneficios, frente a las pérdidas de los años anteriores.

¿Podrá el Banc de la Generalitat financiarse en los mercados?

Estará fuera del perímetro de consolidación SEC -sector público- de la Generalitat, tanto para garantizar total independencia y profesionalización, al margen de posibles injerencias políticas, como para poder endeudarse y así elevar el pasivo de la entidad hasta los 600 millones, una cantidad normal para el tamaño que tendrá el banco. El ICF ya abordó este proceso, estando la Generalitat de Cataluña en circunstancias financieras similares a la Valenciana -sin capacidad de endeudamiento y apoyada por el FLA-. Esperamos que este proceso de escisión esté completado a finales de 2017.

La Generalitat ha planteado a las Diputaciones un programa para garantizar el acceso a servicios financieros en municipios que se han quedado sin red bancaria. ¿Cómo se va a abordar?

Es un proyecto que descansa en el principio de lealtad y cooperación entre instituciones -Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos-, y ha habido mucha receptividad. Los contactos con la Diputación de Valencia están avanzados y también hemos hablado ya con las de Alicante y Castellón. Hemos detectado 164 municipios sin oficina bancaria. Nos hemos centrado en los que tienen una masa crítica de 500 habitantes y hemos estudiado su situación. Para una primera fase, hemos identificado 16 municipios en Valencia, 10 en Castellón y 6 en Alicante. El objetivo es que se instalen cajeros en alguna dependencia municipal y que haya profesionales que den atención personal, dos horas por semana. El presupuesto anual para este servicio sería de unos 200.000 euros por provincia. Se sacará a licitación pública, con un máximo de dos lotes en cada una. Está todo listo y estamos esperando sólo el impulso presupuestario. La idea es arrancar en 2017 en las tres provincias al mismo tiempo, pero, si no es posible, iniciaremos el proyecto en Valencia.

Hace meses se anunció la creación de fondos público-privados que permitan captar recursos del ?Plan Juncker? para infraestructuras. ¿En qué fase se encuentra este proyecto?

Estamos en un grado avanzado en el diseño de un primer vehículo de inversión pública y privada para financiar el plan de infraestructuras educativas. La Generalitat abonaría un canon, en función del servicio ofertado, pero el riesgo lo asumiría el vehículo privado, sin aumentar el endeudamiento público. Estamos trabajando con la Conselleria de Educación y con consultores privados para su diseño y puesta en marcha. Nos hemos encontrado con un problema en la negociación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya que, en el pasado, concedió financiación para la construcción de colegios que no se hicieron. Es parte de la herencia envenenada que hemos recibimos. Educación está haciendo un esfuerzo por aclararlo y poder avanzar. Si este fondo de infraestructuras educativas va bien, abrirá la vía para otros. La hipoteca reputacional se levanta trabajando y con resultados que demuestren que podemos hacer las cosas bien.

El IVF tiene varios frentes abiertos, entre ellos, la situación de las instituciones feriales de Valencia y Alicante y la de los clubes de fútbol.

En el caso de Feria Valencia, las instituciones implicadas hemos diseñado un proceso de reestructuración en el que se está avanzando. Está a punto de aprobarse la asunción de su deuda, a través de un decreto-ley que tendrá que ser refrendado por las Cortes Valencianas y que marcará las pautas del proceso, y elaborándose un cuaderno de venta para encontrar un inversor que reactive la institución. En Alicante (IFA), una vez resuelto el proceso en Feria Valencia, está previsto que se acometa uno similar.

En cuanto a los clubes, desde el punto de vista de la recuperación de las ayudas, la Generalitat y el IVF poco pueden hacer. Bruselas ha pedido la recuperación efectiva e inmediata de las ayudas públicas que cree ilegales, y la colaboración debe de ser máxima. En cuanto a los recursos de nulidad de los clubes al Tribunal General de Justicia de la UE, estamos valorando si los apoyamos. El caso del Elche C.F. es diferente. La administración concursal ha hecho un planteamiento sobre este crédito que no es válido, porque la normativa concursal española no es de aplicación. Si no puede pagar, irá a liquidación. Y el proceso de venta, a pesar de que hay una oferta, está parado por el recurso de la Fundación contra el contrato de prenda. Buscan un convenio de acreedores suicida, que el IVF no aceptará, porque la deuda supera los 14 millones. La Generalitat tiene la conciencia tranquila, porque ha traído una solución para el Elche. Si hay personas que prefieren la liquidación de la entidad antes que ceder paso, es su responsabilidad.

El Consell le encargó estudiar la recuperación de la concesión de Dénia -gestionada por DKV y Ribera Salud-. ¿Hay ya una decisión?

Aún no. Se están estudiando jurídicamente las distintas opciones posibles, valorando los pros y contras y la viabilidad de cada una -compra, rescate de la concesión...-, para poder tomar una decisión.

(Para leer esta entrevista completa, así como otras noticias, reportajes y análisis puede acceder en este link al nuevo número de la revista digital gratuita elEconomista Comunitat Valenciana).