Las investigaciones del 'Caso Imelsa' confirman cinco 'cajas B' del PP valenciano y apuntan a Camps

El Partido Popular ha sufrido un nuevo revés tras levantarse el secreto de sumario de la pieza principal del 'Caso Imelsa', centrada en la presunta trama de financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. Los investigadores creen probada la existencia de cinco 'cajas B' en el PP, que habrían sido usadas desde el Ayuntamiento de Valencia hasta la propia Generalitat y que se habrían nutrido del pago de comisiones irregulares a cambio de la adjudicación de contratos. Un dinero cuyo uso se habría repartido entre la financiación del partido y el "enriquecimiento" de los implicados.

Los testimonios del 'arrepentido' exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y los documentos y grabaciones con que cuenta la UCO, apuntan a una organización "jerarquizada", en la que estarían implicados, entre otros, el expresidente Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos, los exconsellers de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, y Educación, Alejandro Font de Mora, y Vicente Betoret, actual presidente provincial del PP en Valencia -del que dice que conocía la trama, si bien no le consta que recibiese dinero-. Ninguno de ellos está, hasta el momento, imputado, y la La investigación sigue en marcha.

Estos nombres se suman a los de la exalcaldesa Rita Barberá, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y sus cargos de confianza. En total, en el 'Caso Imelsa' hay más de cien investigados, por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho, fraude en contratación pública, falsedad, blanqueo y delito electoral, entre otros.

Las grabaciones a Benavent -que se identifica como "recaudador" de la red- y Máximo Caturla, exvicepresidente de la Diputación y responsable de Ciegsa, recogen varias menciones al "Presidente", que Benavent identifica con Francisco Camps. "El último mensaje es que todo esto se lo mandemos al conseller de Hacienda, Gerardo -Camps-" (...). "Él mismo ha dicho que él ha oído al Presidente cómo le ha dicho a Gero que lo controle", dice Caturla en una grabación.

Francisco Camps negó ayer haber tenido "nunca" "constancia de cajas b, ni c, ni h", ni de "favores" o "financiación irregular".

Los investigadores sitúan en el centro de la trama a la empresa pública Ciegsa, encarga de la construcción de colegios en la región -en la que se han denunciado más de 1.000 millones en sobrecostes-, así como residencias para mayores y centros deportivos. Según el sumario, había comisiones "en todas las adjudicaciones", sobre las que decidirían los exconsellers señalados.

"Guerra" por las 'mordidas'

Benavent apunta a una "guerra" entre Diputación y Generalitat por el reparto de este dinero. "O aquí el Presidente marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterles", dice Caturla en otra grabación.

En una declaración ante la Guardia Civil, el exgerente de Imelsa explicó que su cometido consistía en ir a hablar con los empresarios y pedirles dinero, una vez decididas las adjudicaciones por las administraciones competentes, acordando un porcentaje que recibía en dinero en metálico. Entre las personas que le decían que debía pedir los porcentajes estaban Rus y Máximo Caturla, este último con "capacidad de decisión sobre la adjudicación de contratos relativos a infraestructuras educativas". Y el dinero recaudado era para financiar al PP provincial.

De acuerdo con su declaración, ese dinero se lo daba a Rus, Caturla, Llopis y Medina, sin poder precisar si también recibía parte Betoret. En otro punto de su declaración, recalcó que Rus le "imponía" que el cobro de las comisiones fuera en negro, y si los empresarios no podían pagar toda la cantidad en B, tenían que utilizar a otras empresas para emitir facturación. Asimismo, explicó que en ocasiones, Caturla le daba dinero para que se lo diera a Rus; otras el expresidente le enviaba a recaudarlo de una empresa determinada y en otras más el encargo para ir venía del exresponsable de Ciegsa.

Benavent trabajó de esta forma desde 2003 a 2007 y atribuyó a este cometido el hecho de que le hubieran nombrado gerente de Imelsa. De hecho, explicó, esta vez al juez, que a Rus le dio "muchos cientos de miles de euros, que pueden ser uno, dos o tres millones" y que había materias en la Diputación como carreteras, donde se decía que se generaban comisiones y que no se adjudicaba nada "si antes no hay una comisión".

De Emilio Llopis, indicó que le entregó mucho menos dinero, aunque era el que "pilotaba" la adjudicación de contratos en la corporación provincia, donde "no se movía nada sin que lo supiera el Jefe de Gabinete".

Campos daba "instrucciones"

De Víctor Campos, apuntó entonces a que era quien daba las instrucciones a Caturla y que conocía y "controlaba" todos los asuntos que trataban. En las conversaciones con el exresponsable de Ciegsa, "hablaban abiertamente acerca de que esta persona gestionaba las grandes adjudicaciones y el dinero de la financiación ilegal del partido".

También hizo referencia a David Serra, exvicesecretario del PPCV y exdiputado popular para afirmar que le entregó dinero en efectivo, aunque sin poder determinar su procedencia.

Entre las adjudicaciones a las que hizo referencia, además de los colegios y otros, se encuentra centros geriátricos en Anna y Xàtiva. En este último caso, aseguró que Rus le pidió que hablara con alguien de la sociedad Cleop para ver si estaría interesado en ello. Tras una respuesta afirmativa y sin que él sepa cómo se materializó la adjudicación, el representante de la mercantil le entregó 90.000 euros.

También aseguró que Rus quería amueblar las cocinas para las viviendas de VPO que se construyeron en Xàtiva en 2007 y que fueron al Instituto de la Vivienda para tratar de esta posibilidad, aunque desconoce si al final se llegó a un acuerdo y se materializó.

En cuanto al audio de recuento de dinero en el que presuntamente intervendría Rus, dijo desconocer el motivo, pero ubicó la situación en Xàtiva y creía que el abono podía deberse "a algún pago de las VPO".