Barberá dejará el PP pero se aferra al acta de senadora para no perder el aforamiento

Rita Barberá solicitará su baja como militante en el Partido Popular, pero mantendrá su escaño como senadora, posición que le garantiza afrontar la investigación judicial por presunto blanqueo abierto ayer contra ella por el Tribunal Supremo con la condición de aforada. La exalcaldesa de Valencia, que aún no ha solicitado formalmente su salida de la formación política, pasará al grupo de no adscritos, o grupo mixto.

Barberá no ha cedido a las presiones, tanto externas como en el seno del propio PP, para que presentase su renuncia a su escaño en el Senado, porque considera que este gesto supondría aceptar su culpabilidad en los hechos investigados, algo que lo que no estaría dispuesta. "Expreso mi voluntad de no dimitir del Senado y de permanecer en él, tal y como me ampara la ley, porque, de lo contrario, podría entenderse como una asunción de culpabilidad", asegura Barberá en un comunicado.

Además, quiere afrontar su defensa con las garantías que le brinda su aforamiento.

Barberá fue conocedora de la decisión del Supremo de abrir causa penal contra ella para investigarla mientras viajaba de Valencia a Madrid, para asistir a la constitución de las dos comisiones del Senado -Constitucional y de Economía- en las que es vocal. La senadora decidió excusar su asistencia y volver a Valencia, para"estudiar el auto" del Tribunal.

La resolución del Supremo de investigar a Barberá no implica su imputación directa. Este paso supone que el juez instructor del Alto Tribunal formule un suplicatorio al Senado y que éste lo apruebe. En este caso, el instructor es Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero.

La Sala del Supremo hace suyos los argumentos del instructor del Caso Imelsa, Víctor Gómez, en la exposición razonada que remitió al Alto Tribunal en abril, sobre la posible implicación de Barberá en los hechos investigados en la pieza por blanqueo -en concreto, donativos de 1.000 euros de concejales y asesores que les habrían sido devueltos por el PP en billetes de 500 euros cuya procedencia no sería lícita-. La Fiscalía del Supremo emitió un informe favorable a la exposición de Gómez en julio.

El juez del Caso Imelsa indicaba, en su escrito al Supremo, que Barberá reconoció el donativo de 1.000 euros en la campaña electoral de 2015 y, aunque negó que se le devolviese, sus explicaciones -formuladas por escrito- "son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos".

Se destaca, asimismo, la "posición como superior jerárquica" de Barberá sobre el resto de investigados". En total, hay en esta pieza 47 personas imputadas, entre concejales y asesores, más el Partido Popular, imputado como persona jurídica.

El magistrado incidió, también, en la estrecha relación personal de la senadora con la gestora de las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María Carmen García-Fuster. Ésta ha reconocido al juez ingresos por más de 200.000, en 2003, 2010 y 2011, pero no ha desvelado su origen.

'Bomba' para el PP

La situación de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, vuelve a convertirse en un lastre para el Partido Popular en plena campaña electoral, en este caso en Galicia y País Vasco, y con la formación del Gobierno central aún en el aire. La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de abrir causa contra la senadora popular, para investigar su posible implicación en el presunto blanqueo de capitales en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, provocó ayer una oleada de voces pidiendo su dimisión, tanto en el resto de fuerzas políticas como dentro de su propio partido, donde muchos ven a Barberá como un obstáculo para alcanzar un acuerdo de investidura.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió al PP de que Barberá deberá dejar su escaño si quiere su apoyo en un futuro Gobierno, tanto a nivel nacional como autonómico. Rivera remitió al contenido del 'pacto anticorrupción' consensuado por ambos partidos.

En el seno del PP, se manifestaron posiciones opuestas. Por un lado, figuras como el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, insistían ayer en que Barberá sólo deberá asumir responsabilidades políticas si es procesada ?se abre juicio oral?, ya que consideran que la imputación no implica que los hechos estén "acreditados".
Por otro, se multiplicaron los cargos que sugerían la dimisión o retirada de su escaño.

Entre ellos, el vicepresidente del Senado, el popular Pedro Sanz, defendió esperar a que Barberá se pronuncie, pero dejando la puerta abierta a que el PP "tome las decisiones oportunas". "Si coincide con el partido y el Grupo Parlamentario, estupendo. Si no coincide, el partido y el Grupo tomarán la decisión", dijo.