"No entiendo el ataque a la gestión privada, que ha dado continuidad al sistema en los peores momentos"

José María Toro ha asumido la presidencia de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), tras cuatro años en su junta directiva, el último, como director general. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, cursó estudios de Ciencias Políticas Europeas en el Institut d?Études Politiques de Estrasburgo (Francia), es titulado en Dirección de Centros de Servicios Sociales y en el Program for Management Development (PMD) de Esade. De 2009 a 2015, ocupó la dirección de Sercoval, la cooperativa de servicios sociales más importante de la Comunidad. Como presidente de Aerte, representa a 140 empresas, que gestionan 200 centros y 10.000 empleos. (Puede leer esta entrevista y otras noticias, análisis y reportajes sobre la actualidad económica de la región en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana').

Mejorar la atención a personas mayores y dependientes fue una de las líneas programáticas principales del nuevo Gobierno valenciano. Un año después de su llegada al poder, ¿cuál es el balance de Aerte?

Algunas cosas no han cambiado mucho. Se ha avanzado algo en resolución de expedientes, pero no al ritmo marcado por la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. No queremos comparar con la situación anterior al cambio en la Generalitat, porque era muy mala. Preferimos comparar con las perspectivas y promesas de este Gobierno de ir resolviendo las deficiencias en la atención a mayores y dependientes. El objetivo era dar respuesta a 22.000 personas que están en lista de espera en 2016 -de los en torno a 45.000 expedientes pendientes de resolución-. Pero, entre enero y abril, según datos del Ministerio, sólo se han incorporado al sistema 2.351 personas, lo que no llega ni al 11 por ciento de lo previsto para el año. Hay que seguir haciendo avances, con todos los recursos posibles, porque hay personas que mueren esperando las resoluciones. Se da la paradoja de que hay unas 3.000 plazas vacías, porque no hay suficiente presupuesto y porque no se resuelven los expedientes de las personas en lista de espera. Nos preocupa, además, las recientes declaraciones que apuntan a que, hasta 2018, el trabajo se centrará sólo en resolver los actuales expedientes, por lo que supone para las nuevas personas que puedan necesitar de estos servicios. Desde Aerte, nos ofrecemos para colaborar con la Administración, poniendo a disposición nuestros recursos y nuestros trabajadores sociales, para dinamizar la tramitación de los expedientes pendientes, así como todas las plazas que tenemos libres.

Se está trabajando para redefinir el modelo de contratos con actores privados y asignación de plazas. ¿En qué punto está este proceso?

Hay un problema grave por el nuevo programa de concierto de plazas. Se paralizó el segundo tercio, tras dos sentencias que cuestionaban que se ajustase a derecho, y hay que buscar un nuevo marco de concierto para dar respuesta a las necesidades que existen. La Conselleria plantea un sistema de concursos por zonas, en los que una o dos residencias se hagan con los contratos. Desde el sector, pensamos que es mejor un acuerdo marco, en el que todas las residencias que cumplan con los requisitos definidos puedan poner a disposición de la Administración una serie de plazas, por las que se cobraría lo mismo, y que sea el usuario el que pueda decidir dónde ir. Esto permitiría que las personas fuesen atendidas lo más cerca posible de su entorno social. Cuantas más residencias y más plazas puedan ofertarse, será mejor en calidad de servicio para las personas, ya que se fomentará la competencia entre empresas, al tener capacidad el usuario de elegir dónde ir y de cambiar, si lo prefiere. Además, se evitaría la concentración de actividad y se distribuiría el impacto del programa. En el pasado hemos sufrido situaciones de excesos en contratos, licitaciones que no cumplían con los requisitos y monopolización de los servicios en algunas zonas. Lo importante es que ahora tenemos muchos puntos de encuentro sobre los que construir el nuevo sistema.

El 3 de mayo, la patronal del sector, los sindicatos y Lare solicitamos una reunión con la consellera, Mónica Oltra, para explicarle la situación y abrir el proceso de aportaciones en el que empresas y agentes sociales puedan presentar propuestas para el diseño de un programa a largo plazo, porque creemos que, cuanto más consensuado sea el nuevo modelo, mejor. Nos citaron para el 29 de junio, pero la reunión se suspendió y aún no tenemos nueva fecha.

El sector ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la adjudicación de concursos con 'bajas temerarias' en precios.

El nuevo sistema tiene que controlar las pujas a la baja y evitar que las licitaciones se conviertan en subastas, con unos presupuestos con los que es imposible garantizar una atención en buenas condiciones a las personas. Por lo menos seis concursos se han adjudicado con una rebaja desproporcionada -por ejemplo, con partidas de 2,5 euros por día para alimentar a una persona-. Algunos de ellos eran previos al nuevo Gobierno, pero otros se han aprobado ya con éste. Hay que concienciar a la Administración de que, con esas cantidades, no se puede cubrir el servicio.

¿Se ha resuelto el problema de impagos a empresas concesionarias?

Es una de las cuestiones pendientes, porque sigue habiendo un retraso en pagos a las empresas importante. Aún no han recibido nada de lo que corresponde a 2016. Hemos solicitado, tanto a este Gobierno, como ya hicimos con el anterior, un calendario de pagos, fundamental para que las empresas puedan planificar, y que se cumpla con los plazos máximos establecidos por ley. Muchas empresas del sector no pueden presentarse a concursos públicos porque no pueden asumir un plazo tan largo de pago por parte de la Administración, 27 residencias han desaparecido en los últimos años por esta situación y el sector está paralizado. Somos conscientes de que la Comunitat Valenciana sufre un grave problema de infrafinanciación, y estamos al lado del Consell en esta cuestión, pero, en esta situación, es cuando hay que controlar el gasto y hacerlo de manera eficiente y eficaz. Lo contrario va en detrimento del alcance y calidad del servicio prestado.

La Generalitat incrementó la partida para atención a Dependencia en los Presupuestos para 2016. ¿No ha sido suficiente?

El presupuesto de la Generalitat ha crecido en 145 millones de euros, lo que es un aumento importante, pero tiene que venir acompañado por recursos económicos reales; que el presupuesto no se quede en números sobre un papel, porque las primeras medidas han sido, sobre todo, simbólicas. No importa sólo lo que ingresas, sino cómo lo gastas; hacerlo bien. El ejemplo claro es el de Castilla y León, que es la comunidad autónoma con mejor valoración en Dependencia de España, con 8,57 puntos sobre 10, según el Observatorio de la Dependencia -que valora la implementación de la Ley de Dependencia a nivel nacional-. La valoración de la Comunitat Valenciana es 0. Debemos ver qué se hace en Castilla y León para tener ese resultado y ser la número uno, cuando es la octava por presupuesto. No es la región que más gasta, pero sí la que mejor gestiona. Genera 49,6 empleos por cada millón de euros de gasto público en Dependencia, frente a los 25,9 empleos de la Comunitat Valenciana. Han apostado mucho por los servicios profesionales, frente a los cuidadores en el entorno familiar; en Castilla y León, el 28,6 por ciento de las prestaciones van al ámbito familiar, frente al 49 por ciento en Valencia. El cuidador en casa cobra una ayuda de unos 380 euros al mes como máximo y no cotiza a la Seguridad Social, no tiene formación ni sistema de prevención de riesgos laborales. No es una manera adecuada de atender a las personas, aunque en algunos casos tenga sentido -como padres con un hijo con diversidad funcional-. La Ley dice que los servicios deben ser prestados de forma profesional y que los cuidadores no profesionales deben ser una figura excepcional. Es el recurso más económico y rápido, pero no siempre es el mejor. Entre enero y abril, 2.105 personas han recibido ayuda para cuidador informal, el 89,5 por ciento de todas las resoluciones de expedientes. Esta situación hay que resolverla.

¿Es la Comunitat Valenciana atractiva para el inversor en el sector residencial y de asistencia a mayores y dependientes?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un ratio del 5 por ciento de plazas residenciales respecto a la población mayor de 65 años. En la Comunitat Valenciana, este segmento suma unas 950.000 personas, lo que supone que serían necesarias alrededor de 47.500 plazas, pero actualmente sólo hay unas 28.000, lo que supone un ratio del 2,95 por ciento respecto a la población de más de 65 años -sólo por delante de las Islas Canarias, Murcia y Ceuta-. La media en España está en el 4,3 por ciento. Y tenemos que tener en cuenta la previsión de envejecimiento de la población en los próximos años, que elevará la necesidad de plazas. A pesar de este desfase y potencial, las circunstancias de la Comunitat Valenciana en los últimos años, con el sistema de conciertos vigente, que era cerrado y con acuerdos de larga duración -el primer plazo era de 15 años-, y los impagos, no ha sido considerada una región apropiada para las inversiones en este sector. Un acuerdo marco y un calendario de pagos permitiría cambiar esa situación y se podría promover la implantación de otras empresas en la Comunitat. Hay que configurar un contexto legal y económico transparente y claro, que favorezca la inversión.Tampoco ayudan los ataques que se están produciendo a las fórmulas de cooperación público-privada por parte de la Administración. Debería de ser al revés. En los peores momentos de la crisis económica, las empresas han demostrado su compromiso social y han mantenido en funcionamiento el sistema, a pesar de que no recibían pagos o los recibían con muchísimo retraso. Además, aportan una mayor eficiencia y eficacia en la gestión y los resultados. La Administración no tiene capacidad para construir los centros necesarios para dar cobertura a la población. En los países más desarrollados económicamente, los modelos de cooperación público-privada están más avanzados que en España. Aún tenemos mucho recorrido.

La aplicación de la Ley de Dependencia supondría un impulso importante al mercado laboral, pero los planes de empleo que está poniendo en marcha la Generalitat no potencian este tipo de actividad.

En todas las líneas del nuevo Gobierno para el cambio de modelo económico, no he visto que se haya insistido en el servicio a las personas como sector generador de empleo y por un modelo de cooperación público-privada que puede contener el gasto público y mejorar la eficiencia. Por cada dos plazas nuevas que se generan, se crea un puesto de trabajo directo, con su salario, cotizaciones y dinamización del consumo, generando riqueza para la sociedad. El 85 por ciento de los empleos en el sector los ocupan mujeres de mediana edad, un colectivo de difícil inserción laboral, y, además, permite retener profesionales, como médicos o enfermeros, que están saliendo fuera del país para encontrar oportunidades. Es un sector en el que no es posible la deslocalización y no hay riesgo de que el desarrollo tecnológico elimine puestos de trabajo. La tecnología ayuda, pero la atención la realizan las personas. Si se generasen las 19.500 plazas necesarias para alcanzar el ratio recomendado por la OMS, se crearían casi 10.000 puestos de trabajo. Puede generar mucha riqueza en la Comunitat Valenciana si se tiene en cuenta como corresponde.

¿Está Aerte a favor del copago en residencias?

No creemos en un copago confiscatorio, sino razonable; un sistema proporcional, de manera que contribuya a la redistribución de la riqueza. El precio medio de una plaza ronda los 1.600 ó 1.700 euros al mes. En las plazas concertadas, un porcentaje se cubre con parte de la pensión y la Administración da una ayuda, de un máximo de 837 euros. Con la suma de ambas cantidades, en muchos casos no se alcanza el nivel suficiente, situación que se agrave en zonas rurales, donde los ingresos son más bajos. Si una persona puede pagar todo o parte de su plaza, ayudaría a cubrir la de otras personas que no puedan hacerlo, para que ninguna que lo necesite quede fuera. Hay que buscar fórmulas para que el sistema sea justo.

La salud mental es otra de las asignaturas pendientes en la región. ¿Ha habido avances en este ámbito?

Estamos trabajando con las Consellerias de Igualdad y Sanidad, pero aún hay mucho por hacer. Han puesto en marcha mesas de reflexión sobre salud mental y diversidad funcional, para que todos los agentes puedan hacer aportaciones sobre el nuevo modelo. Hay mucho trabajo por delante.

*Puede leer esta entrevista y otras noticias, análisis y reportajes sobre la actualidad económica de la región en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana'