Bruselas investiga la gestión de las ayudas a la vivienda en Comunitat Valenciana cuando era consellera Bonig
Olivia Fontanillo
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha enviado una carta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la que le solicita "información adicional" sobre la gestión de ayudas a la vivienda por el anterior equipo de la Conselleria de Vivienda, bajo la dirección de Isabel Bonig -actual presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana-. En total, habría unas 60.000 personas afectadas, con una deuda conjunta de unos 338 millones de euros, según la Associació Impagats Habitatge Comunitat Valenciana.
La Associació denunció, en abril, ante Bruselas impagos por un total de 278 millones de euros, a los que se suman otros 60 millones por alrededor de 1.100 expedientes cuya tramitación se bloqueó, por orden de la entonces consellera. A ellos se sumarían otros 16,5 millones de ayudas entregadas a la Conselleria por el Ministerio de Fomento y que no habrían sido transferidas a los beneficiarios. Un informe del Síndic de Cuentas advierte de que la Conselleria "dio subvenciones por encima de lo presupuestado" entre los años 2008 y 2015.
La organización afirma, asimismo, que la Conselleria "realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras" y que, a finales de 2012, la Generalitat "desvió el dinero de las ayudas a la vivienda para pagar compromisos judiciales con el ERE del Instituto Valenciano de la Vivienda SA" (Ivvsa).
En cuanto a las ayudas a la rehabilitación, se apunta que "no dedicó los fondos finalistas que recibió del Gobierno de España al pago de las ayudas y dejó sin resolver numerosas peticiones, cuando no las denegó de manera arbitraria".
La presidenta de la Comisión de Peticiones europea, Cecilia Wikström, apunta que, una vez recibida y analizada la documentación, dictará un informe sobre los impagos.
Varias investigaciones
Las Corts Valencianes acordaron, el pasado 20 de mayo, abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades en la tramitación de ayudas a la vivienda bajo gestión de Bonig, entre 2008 y 2015. Las Corts también decidieron reclamar investigar las comunicaciones entre la Conselleria y los servicios territoriales, respecto de instrucciones denegatorias de pagos de ayudas ya reconocidas; la documentación justificativa de las transferencias del Estado a la Generalitat en el marco de los convenios relativos a los planes estatales de vivienda y rehabilitación, y las denuncias o reclamaciones presentadas por entidades físicas o jurídicas afectadas por impagos de las ayudas a la vivienda.
Además, hay abierta, también, una investigación y una auditoría en la Intervención General para estudiar las irregularidades detectadas con los más de 1.100 expedientes por valor de 60 millones de euros que encontró el nuevo gobierno.
La consellera de Vivienda, María José Salvador, afirma que el Consell remitirá a la Comisión Europea toda la documentación que requiera. Salvador subraya que la Conselleria "ha iniciado el pago de toda la deuda, se ha devuelto el derecho a estas familias y se ha abierto una investigación por las nuevas irregularidades detectadas". "Esto se resuelve pagando, pero también se tiene que reparar cuando todos los que han cometido tropelías asuman sus responsabilidades", ha apuntado.
Así, Salvador ha recordado que lo primero que hizo como consellera fue firmar un calendario de pagos con la Plataforma de Impagados de las ayudas a la Vivienda para saldar la deuda de 240 millones de euros y reconocer el derecho a las más de 5.000 familias que había dejado fuera el anterior gobierno con la tramitación de las resoluciones 501.
En este sentido, ha asegurado que el actual Gobierno valenciano se ha adelantado al calendario firmado y ya ha liquidado la deuda de los 240 millones y ha empezado a pagar el primer bloque de las resoluciones 501, que ascienden a un total de 40 millones de euros.