El Supremo rechaza la suspensión cautelar del acuerdo que repercute en Valencia la multa de Bruselas
Olivia Fontanillo
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat Valenciana de suspender, de forma cautelar, la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros -de 4 de marzo- de repercutir en la Comunidad el pago de la multa de 18,9 millones de euros impuesta por Bruselas por manipular los datos de déficit. No obstante, destaca que esta resolución "no prejuzga la decisión a adoptar respecto al fondo de recurso que tiene planteado en el Supremo la Generalitat valenciana contra dicho acuerdo".
El Supremo basa su resolución en que la Generalitat "no ha probado, y ni siquiera ha aportado indicios, de los perjuicios que pudieran derivarse de la ejecución del acuerdo". Además, indica que el que el Estado haya recurrido la sanción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "no tiene efecto suspensivo".
Esta decisión es un golpe para Valencia, que arrastran un grave problema de liquidez. La Generalitat debe decidir si envía los 18,9 millones al Estado -que pagó la multa a Bruselas el 28 de enero- o espera a que se resuelva su recurso. En este caso, el Gobierno irá elevando los "intereses compensatorios de costes financieros", que, de enero a mayo, superan ya los 162.000 euros.
Fuentes de Conselleria de Hacienda se limitaron a indicar que están analizando las opciones.
Competencias en discusión
El Consejo de Ministros aprobó repercutir el pago de la multa a la Comunitat Valenciana el pasado 4 de marzo. El Gobierno desestimó las alegaciones presentadas por la Generalitat, al considerar que "la responsabilidad por los hechos que dieron lugar a la multa corresponde, en exclusiva, a la comunidad autónoma y, en consecuencia, se establece la repercusión a ésta del pago".
La Generalitat Valenciana defiende que la multa se dirige contra el Estado, así como que era competencia de la Administración central supervisar los datos del déficit. Asimismo, rechaza la afirmación de la Intervención General del Estado de que, entre 2008 y 2012, "no contaba con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades". Esto, según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, "resulta increíble", datos los reiterados avisos que dio la Sindicatura de Cuentas valenciana, cuyos informes se elevaban al Tribunal de Cuentas, tal y como constató la Comisión Europea en su investigación.
Primera multa por manipulación contable
Se trata de la primera multa por manipulación contable a un país comunitario. La Comisión Europea considera que hubo una "negligencia grave, al no registrar gastos sanitarios", que se atribuye "a una entidad que actuó por su cuenta" (en concreto, la Intervención General de la Generalitat Valenciana). Los hechos saltaron a la luz en 2012, cuando el Gobierno español informó al Eurostat de la revisión al alza del dato del déficit nacional en 0,4 puntos, tras salir a la luz los gastos sanitarios ocultos en la Comunidad Valenciana. La investigación se centró en las conocidas como "facturas en el cajón" por gastos de Sanidad, fechadas entre los años 1988 y 2011.
El importe se considera "anecdótico", ya que podría haber alcanzado el 0,2 por ciento del PIB -unos 2.000 millones de euros-. Entre los "factores atenuantes" aplicados por Bruselas se destacó la cooperación de las autoridades españolas y valencianas en la investigación y que las cuentas se han regularizado y "se ha puesto fin" a los gastos no computados.
La sanción contempla sólo los hechos desde 2011, cuando entró en vigor la norma bajo la que se abrió la investigación, y hasta 2012, cuando salieron a la luz los gastos ocultos y se procedió a su regularización.